El juzgado Segundo de Sentencia decidió obligar a dos víctimas para que rindan su declaración contra un grupo de siete pandilleros que son acusados de diferentes delitos.

El fiscal a cargo del caso decidió pedir una orden de apremio contra dos de las víctimas de este proceso, quienes se niegan a acudir a las instalaciones del Centro Judicial a rendir su declaración.

Los imputados son miembros de una pandilla que acecha diferentes puntos de San Salvador y a quienes se les atribuyen los delitos de agrupaciones ilícitas, privación de libertad, homicidio y limitación ilegal a la libertad de circulación.

El régimen de protección obliga a las autoridades a no dar mayores detalles del proceso, pero se ha conocido que en uno de los casos la víctima recibió amenazas de muerte de parte de tres pandilleros por circular en una zona donde no era conocido.

El otro de los casos se trata de una privación de libertad realizada a otra de las víctimas, quien habría sido rescatada por las autoridades en momentos que los delincuentes la iban a asesinar.

Según el reporte policial, las víctimas que son identificados como “Enero” y “Octubre” le manifestaron al investigador que no acudirían al juicio que se tenía que haber realizado el pasado 23 de marzo.

“No es justo que se esté haciendo un esfuerzo por hacer justicia en este proceso y ellos no quieran colaborar”, manifestó la jueza, quien programó la audiencia de vista pública para el 3 de abril del presente año.

Los imputados a quienes se les atribuyen estos dos hechos han sido identificados como Mario Antonio Pérez, Alejandro Pérez, Rubén Pérez y Germán Antonio Ramos.

En este mismo proceso, estos cuatro sujetos también son señalados como los responsables del homicidio de un hombre identificado como Rutilio Vásquez.

Otros tres sujetos que fueron arrestados junto a estos cuatro son procesados por el delito de agrupaciones ilícitas y se presume que estos tenían información de los delitos que sus compinches cometieron.

La lista de acusados la completan Jorge Alejandro Carillo, Oscar Orlando Deodanes y Alfredo Ortiz García, este último es el único de los procesados que se encuentra con medidas sustitutivas a la detención.

De no ser localizadas las víctimas por las autoridades para cumplir con la orden de apremio, los imputados podrían quedar en libertad ya que además de ser los afectados son también los testigos claves en este caso, por lo que su testimonio es trascendental para lograr la condena de los sujetos.