La Cámara Primero de lo Penal de San Salvador decidió procesar en libertad al magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil, Eduardo Jaime Escalante, y deberá pagar una fianza de $10,000.

Tras varias minutos de deliberación, los dos magistrados de la Cámara determinaron que el imputado no sería llevado a prisión debido a que esto "sería un exceso" ya que se ha demostrado su voluntad en el proceso judicial. 

Ahora Escalante deberá de presentarse cada 30 días a firmar ante la instancia, no salir de país y solventar la fianza impuesta en la resolución de los magistrados.

Mario Machado, abogado defensor, explicó que esta multa podría ser dispuesta en dinero en efectivo o en algún tipo de propiedad.

Cuando estalló el caso contra el funcionario, la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó por el delito de agresión sexual en menor o incapaz agravada, pero según la resolución de la Cámara está tipificación no fue debidamente justificado por lo que se cambió a una agresión simple. De llegar a ser culpable Escalante enfrentaría una condena de 8 a 10 años de prisión. 

Con un semblante serio y acompañado de sus esposa, así fue como llegó a la audiencia inicial en su contra por los delito de agresión sexual en contra de una niña de 10 años de edad en una colonia de Ilopango. El magistrado ha dicho en reiteradas ocasiones que es inocente de las acusaciones.

Para que el funcionario no fuera a prisión, la defensa del imputado presentó una serie de arraigos como ser empleado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ser casado y con tres hijos y mostrar sus pasaporte de  Estados Unidos y proporcionado por la CSJ. Estos últimos documentos permanecerán en reaguardo en la Secretaría de la Cámara como garantía de su permanencia en el país. 

El viernes 23 de marzo Escalante fue intimado por la Cámara, en la cual se le explicaron los delitos por los cuales será procesado y, además, de cómo se desarrollaría su proceso judicial. Ese mismo día, él señaló ante los medios de comunicación dijo que fue involucrado por terceras personas.

"Dejen que haya una resolución, que se aclaren todos estos hechos y salga la verdad a la luz y podamos deducir quién está tras esta canallada”, señaló el imputado.

El 4 de marzo, durante una sesión extraordinaria, la Asamblea Legislativa acordó por unanimidad desaforar al magistrado para que le permitiera ser llevado ante la justicia. Para llegar a esto, se necesitó de una comisión especial de antejuicio donde se discutieron las versiones que se presentaron ante la misma.

La diputada presidenta Cristina Cornejo aclaró que dentro de los indicios "hay algo más que un accidente de tránsito" como Escalante lo dijo en su momento.

Desde que fue intimado, la Fiscalía solicitó a la Cámara que el magistrado permanezca en prisión mientras se desarrolla el proceso judicial.

Según la relación de los hechos, la menor de edad se encontraba con otros niños en la residencial Altavista, de Soyapango, cuando presuntamente el magistrado se vio involucrado en un accidente de tránsito donde aprovechó a realizar tocamientos sobre la ropa en las partes íntimas de la niña.