Una reunión con un antiguo compañero de la Universidad de El Salvador (UES), con quien estudió Ciencias Jurídicas, fue lo que provocó que Concepción G. llegara a un centro comercial de San Salvador para tomar un café. Corría mediados de julio de 2015 cuando se llegó la cita con Pedro L.

Al ingresar a una cafetería se encontraron con Ernesto P., otro abogado de 44 años con quien compartieron una mesa.

- “¿No te acordás de él? Fue nuestro compañero en la UES”, le preguntó Pedro a la mujer.

La respuesta fue negativa. Concepción no recordaba a Ernesto.

A medida fueron conversando, los tres relataron historias de su paso por la universidad y de sus actividades actuales; ella les contó que es notario y Ernesto dijo que se dedica a realizar escrituras públicas. Esto llevó a que ambos intercambiaran sus números de teléfono por cualquier enlace laboral a futuro.

La foto de la discordia

Días después de la reunión de excompañeros, el 25 de julio, la mujer recibió un mensaje de Ernesto a través de la mensajería WhatsApp.

En un inicio, Concepción creyó que se trataba de un simple saludo o, en el mejor de los casos, de una oportunidad de trabajo, pues para eso habían intercambiado sus números. Sin embargo, se llevó una sorpresa desagradable cuando se encontró en el mensaje una foto de un miembro reproductor masculino.

Su malestar fue tal, que Concepción le mandó un mensaje en el que llegó a insultarlo, debido a que le pareció que esa acción era un abuso, por lo que le solicitó que no tuviera relación alguna con ella y que no volviera a contactarla.

Pese a que el sujeto se disculpó con la mujer, la indignación fue tal que el 14 de septiembre de 2015 Concepción acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) para interponer una denuncia. El hecho fue tipificado como acoso sexual, mismo que está sancionado en el artículo 165 del Código Penal.

El proceso judicial inició en el Juzgado 8° de Paz, en donde Fiscalía presentó el requerimiento en contra de Ernesto y tras la continuidad de las etapas judiciales, llegó hasta el Tribunal 5° de Sentencia de San Salvador.

La víctima comenzó el procedimiento, pero no lo culminó. En la etapa de instrucción no se presentó a la audiencia preliminar, tampoco llegó a la audiencia de vista pública instalada en el mes de abril de 2018, después de una larga evolución.

La FGR se quedó sin poder presentar a la víctima, quien era el testigo principal del caso.

La no colaboración por parte de la afectada llevó a que el juez del Tribunal 5° de Sentencia emitiera un fallo de sobreseimiento definitivo a favor del imputado.