Mario Salvador "R", de 52 años, y su hijo Mario Edgardo "R", de 28 años, están acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) del delito de estafa en perjuicio de un vendedor de carros del departamento de San Salvador.

El caso de ambos ha sido enviado a la etapa de Instrucción por el Juzgado Cuarto de Paz de Santa Ana.

En la acusación expuesta en la sede judicial se establece que los hechos ocurrieron en abril de 2019, cuando el padre y su hijo necesitaban un vehículo, por lo que acudieron a Ever Antonio, que se dedica a la compra y venta de autos.

Los acusados se interesaron por el carro con placas P488 211, del cual la FGR no especificó marca ni modelo. Padre e hijo negociaron con Ever Antonio y acordaron la venta por $3,500, que debían pagarse en cuotas mensuales de $100.

En el mes de septiembre de ese año, los interesados, que ya habían pagado $700 por el carro, vieron en el negocio de la víctima un vehículo que les interesó, por lo que le propusieron un nuevo trato.

El vehículo que vieron costaba $3,500, mismo precio que el que ellos se llevaron meses atrás, por lo que propusieron un intercambio. Ellos entregaban el que compraron primero y él les daba el nuevo. Y como no había variación de precio, Ever Antonio aceptó.

Los problemas comenzaron en ese punto, pues ni Mario Salvador ni Mario Edgardo se acercaron a pagar las cuotas mensuales, y cuando el afectado los llamaba, daban excusas para no pagar, situación que se mantuvo por siete meses.

Transcurrido ese tiempo, los imputados se acercaron al local de la víctima y le dijeron que querían vender el carro que se llevaron, que había una persona interesada y que, cuando completaran la venta, le iban a llevar el dinero adeudado.

Ever Antonio confió en ellos y traspasó el vehículo a nombre de Mario Edgardo, pero desde esa fecha no le pegaron el dinero.

La víctima acudió inicialmente a la Procuraduría General de la República (PGR), que propuso una conciliación, pero los acusados no asistieron. Entonces Ever Antonio los denunció ante la Fiscalía.

La FGR hizo las averiguaciones y presentó a los supuestos responsables al juez, quien envió el caso a la siguiente etapa, pero no decretó medidas. Ello significa que padre e hijo continuarán bajo proceso judicial, pero en libertad.