El Juzgado 5° de  Instrucción de San Salvador, a través de una resolución emitida el 22 de agosto dio a conocer que

La Procuraduría General de la República (PGR) designó a una abogada que fungirá como defensora del expresidente de la República, Mauricio Funes, quien es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de cinco delitos que podría haber cometido durante su administración en el período 2009-2014.

La profesional en leyes asignada al caso será Marisol Olivares, quien tendrá la defensa técnica de Funes y 10  personas más, que tienen calidad de imputados ausentes.

Olivares fue asignada luego de que el juez Sídney Blanco solicitara a la PGR un profesional idóneo para que represente los intereses del exmandatario, de sus familiares y otras personas  que su situación jurídica fue resuelta con solo la vista del requerimiento, el pasado 15 de junio por el Juzgado 5° de Paz.

La defensora pública tendrá a su cargo la defensa de Hugo Barrientos Clará, Nelson Antonio García Cerón, Carlos Mauricio Funes, Diego Rubén Funes Cañas, Carlos Mauricio Funes Velado, Ada Mitchel Guzmán, Juan Carlos Guzmán, Elvy Marina Paz, Cristina Pignato , Ada Luz Sigüenza y Tiago Noguera.

Los delitos por los que son acusados son de lavado de dinero y activos, casos especiales de encubrimiento y peculado.

Además, el abogado Oscar Armando Genovez, defensor de los imputados Rigoberto Palacios Panameño y José Armando Escobar, presentó una recusación en contra del juez  por existir -según él- “motivos serios y razonables” que ponen en duda su imparcialidad frente a los imputados, aduciendo que el juez fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y que este proceso inicio debido a que el pleno de esa institución atendió informes de la Sección de Probidad, que  determinó que existía indicios de enriquecimiento ilícito de parte de Funes.

El juzgado remitió la recusación el 23 de agosto a la Cámara Segundo de lo Penal para que sea esta la instancia que resuelva si es procedente o no que el juez se abstenga de conocer el caso.

Según el requerimiento de la FGR, el exmandatario, junto con Francisco Cáceres, exsecretario Privado; Francisco Rodríguez Arteaga; Jorge Alberto Herrera; y Manuel Arturo Ayala, exdirector Ejecutivo de la Presidencia; supuestamente utilizando diversos mecanismos para programar en el presupuesto de la presidencia la cantidad de 351 millones de dólares, equivalentes al 52% de los fondos asignados a dicho ente para ser ejecutados como gastos reservados y con ello hacer pagos al proveedor ficticio “Gastos Operativos de la Presidencia de la República” y que posteriormente trasladaban fondos  por medio de cheques a cuentas particulares de los imputados Francisco Rodríguez y Pablo Gómez.