Alexander A. aprovechó una oferta de negocios para generar más ingresos económicos y cubrir sus gastos personales, por lo que un día decidió asociarse con Armando M., un motorista de 43 años, para echar a andar un negocio de transporte con el que trasladarían mercadería fuera de las fronteras salvadoreñas.

Como parte del negocio, el 16 de abril de 2013 Alexander hizo un documento de compra-venta de un camión marca Mercedes Benz que años atrás había adquirido.   

El trato fue pasar el automotor a nombre de Luz P., la suegra de Armando, quien tenía un código aduanero SV (necesario para viajes internacionales de mercancía) y las ganancias obtenidas serían divididas en partes iguales.

Armando se encargaría de darle el mantenimiento al vehículo y además tendría que buscar clientes para el negocio.

Luego de ocho meses de transcurrido el acuerdo, Alexander nunca recibió un centavo producto del negocio, por lo que decidió buscar a Armando para que le entregara el camión.

Sin embargo, cuando lo llamaba por teléfono para reclamarle por el dinero y pedirle que le devolviera el vehículo de carga, Armando le decía que estaba en el taller y que no podían continuar con la reparación por falta de unos repuestos; ese era el motivo -según él- para no realizar viajes.

Pero Alexander no quedó conforme con la explicación de su socio y por medios propios logró obtener información de los clientes que habían contratado el servicio de transporte en el camión. De acuerdo a lo que investigó, el vehículo había viajado a Guatemala, Costa Rica, Panamá y México, es decir que sí habían realizado viajes.

El afectado volvió a insistir con su socio y trató de cobrarle las ganancias, fue así que acordaron un pago de $200, de los cuales el afectado solo recibió la mitad. Evidentemente molesto, volvió a exigirle la entrega del camión, pero no lo logró.

Para complicar la situación, el automotor estaba en un parqueo de Ilopango bajo el cuidado de Wenceslao S., quien dijo que no podía entregarlo porque “no tenía autorización de darlo a nadie”.

Dos meses después, Alexander retornó a la vivienda de Wenceslao para retirar el camión, pero ya no estaba estacionado ahí. El hombre le dijo que unos pandilleros se lo habían llevado.

Lo encontraron "deshuesado"

A las 10:30 de la mañana del 20 de mayo de 2015, dos años después de que Alexander y Armando generaron el acuerdo de socios, Porfirio S., un empresario de origen chalateco, visitó una venta de partes de vehículos usados para lograr adquirir unos asientos de buses y reparar una unidad de su propiedad.

En un negocio ubicado en la carretera de Oro se encontraba un camión semidesmantelado, pues no tenía radiador ni eje trasero y delantero, tampoco motor de arranque, entre otras piezas. El hombre lo compró por $2,000 en lo que le pareció un buen negocio.

Dos años después de haber comprado el camión "deshuesado", en abril de 2017, un grupo de agentes de la Unidad de Investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC) se presentaron a la vivienda de Porfirio y le dijeron que el camión que había comprado era robado.

Ahí le explicaron que Alexander, al no haber podido recuperar su vehículo, lo reportó como un caso de apropiación indebida de vehículos.

Para sorpresa de la PNC, Porfirio tenía un documento de compra-venta firmado por la suegra de Armando.

Los antecedentes penales de los dos imputados

Los dos sujetos que engañaron a Alexander tenían récord por diversos delitos en la PNC.

Armando fue procesado por el delito de contrabando de mercadería el 28 de junio de 2005 cuando intentó ingresar al país productos sin declarar por la frontera de El Poy en Citalá, Chalatenango.

En el caso de Wenceslao, fue detenido por agentes de la Policía Rural el 17 de enero de 2012 bajo el delito de conducción temeraria. Además, en marzo de 2014 fue acusado en Soyapango por apología del delito, es decir que trató de justificar acciones de dudosa legalidad. En 2014 también fue acusado por desaparición forzada de personas, por amenazas y lesiones, según refleja el expediente judicial.

Las investigaciones fiscales

El requerimiento de la Fiscalía General de la República (FGR), presentada en el Juzgado 4° de Paz, indicó que la víctima fue estafada por un total de 17 mil dólares.

La afectación económica comprende el costo del camión, que fue de 7 mil dólares, además del impago de las ganancias de los viajes, que sumaron $10 mil.

La FGR logró individualizar el caso, por lo que el Tribunal 1° de Sentencia será el encargado de la instalación de la audiencia de vista pública y determinar la culpabilidad de Wenceslao, quien es acusado por ser cómplice necesario del hecho.

Por otra parte, el caso en contra de Armando lo desarrollará otro tribunal de San Salvador.