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Judiciales - INCUMPLIMIENTO DE ASISTENCIA ECONÓMICA

Vigilante privado huyó por años para no hacerse responsable de sus tres hijos y acumuló una deuda de $6,075 en cuota alimentaria

El imputado huyó de sus responsabilidades sin saber que la cuenta de la multa seguía incrementando.

Vigilante
Su exesposa ya no creía en sus promesas ya que sabía que esto solo sería para quedar bien frente a las autoridades.
Vigilante privado huyó por años para no hacerse responsable de sus tres hijos y acumuló una deuda de $6,075 en cuota alimentaria

Un vigilante de seguridad privada fue declarado rebelde y estuvo en prisión luego de que su exesposa lo persiguiera a través de la justicia por deber $6,075 en concepto de cuota alimenticia para tres de sus hijos. Él intentó conciliar, pero ella ya no creía en las promesas que este le hacía después de unos cuantos meses de matrimonio.

Mario N., de 46 años de edad, había tratado todas las formas posibles para desentenderse de tres de los cinco hijos que había procreado con Antonia G. luego de que esta lo demandara por no contribuir monetariamente. El pleito ha durado 20 años después de que unieron sus promesas de estar juntos en las buenas y en las malas.

El  23 de agosto de 1990 la feliz pareja sentía el amor, pensaban en jamás separarse y ser felices con sus dos hijos. Ese día se casaron frente a la alcaldesa de Cojutepeque, en Cuscatlán, su pueblo original.

Años más tarde, ellos procrearían otros dos hijos que llenaron la casa de alegría. Con una familia que crecía y pocas oportunidades de empleo en el lugar decidieron mudarse a San Salvador, pero esto solo significó el inicio de la pendiente de problemas que tendrían que emprender.

Con la responsabilidad de cuatro hijos tuvieron que conseguir empleo lo más pronto posible. Ella se dedicaba a lavar y planchar ropa de otras personas de la zona, mientras que él era un vigilante privado de un establecimiento en la capital por el que le pagaban $174.30 mensuales.

No todo era felicidad, el trabajo y las responsabilidades de sus hijos eran demasiado grandes por lo que Mario comenzó a sentirse sofocado. Ella no lo miraba en casa y la relación comenzó a derrumbarse. El 24 de diciembre de 1998 todo terminó.

La ruptura amorosa 

Fue ella quien le solicitó el divorció, ya que por meses había desatendido los gastos de la casa y otros pagos de los niños. Cansada de eso y para presionarlo a pagar le pidió al juez que le exigiera dar una cuota alimentaria de $50 -más aguinaldos- a dos de sus hijos ya que estos aún eran menores de edad. Mario se comprometió, y ahora cada quien seguía su camino.

Sin embargo, en el 2001 la llama de su cariño resurgió y ella volvió a quedar embarazada, un hijo por el que tendría que pagar el mismo monto. Al verse acorralado y con el poco sueldo que recibía en su empleo decidió huir de su responsabilidad.

Antonia desesperada con la suma de gastos de la casa y la falta de empleo regresó nuevamente a los tribunales, ya había pasado muchos años sin que Mario pagara por lo que el 18 de septiembre de 2014 se instaló una audiencia en el Juzgado de Familia de San Salvador para la adecuación de la cuota.

Según el expediente judicial, él no pagó desde septiembre de 2007 hasta enero de 2008, otro monto de marzo 2009 hasta septiembre de 2014 y los aguinaldos de 2013. Para esta fecha la suma ascendía a $3,825.

Ese mismo día dijo que había dejado de trabajar, ya que no contaba con documentos en regla, pero que en agosto fue contratado en otra empresa de seguridad y que esta vez estaba dispuesto a pagar. Tras firmar los documentos de su compromiso y calmar la angustia se su exesposa se dio a la fuga.

El hijo mayor asume el abandono del padre

Como Mario siempre estuvo ausente en la casa y al ver que solo Antonia asumía los cargos de la casa, uno de sus hijos decidió asumir los gastos de su hermano menor. Ahora ya tenía 18 años de edad y era el único que seguía estudiando, el resto abandonó la escuela debido a la pobreza en la que estaban sumergidas.

Antonia lograba llevar algo de comida a la casa gracias a los trabajos en los que era contratada, no era suficiente pero trataba la manera de sacar adelante al resto de sus hijos. El drama de la familia no solo era económico,  ya que el proceso judicial para que el padre pagara se había vuelto una pesadilla ya  que desde su separación en 1998 había permanecido de forma intermitente hasta el 2019, es decir casi 21 años.

“Mis hijos son mayores y han dejado todo porque ya no podía pagar. Mi hijo mayor asumió las responsabilidades”, dijo Antonia frente al juez del  Quinto de Instrucción de San Salvador.

Los años pasaron y Antonia nunca dejó de presionar, no iba a permitir que el padre de sus hijos dejara de cumplir sus obligaciones. Así que el 13 de enero de 2017 se realizó otra audiencia, pero esta fue suspendida porque Mario no llegó a los tribunales por lo tanto fue declarado rebelde.

Su captura 

Cuando él fue señalado como rebelde, las autoridades prendieron las alertas para buscarlo y fue el 17 de febrero de 2019 que bajo la figura de sospechoso, la Policía Nacional Civil (PNC) lo detuvo y al revisarlo no le encontraron nada ilícito, pero al buscarlo en la base de datos estos se dieron cuenta que tenía un proceso judicial pendiente por lo que lo llevaron a la bartolinas donde permaneció por una cuantas horas

Mario y Antonia nuevamente se volvieron encontrar y esta vez él dijo que estaría dispuesto a pagar $130 mensuales a cambio de una conciliación, pero ella ya no creía en sus promesas.  Sabía que esto solo sería para quedar bien frente a las autoridades.

“No estoy de acuerdo ya que siempre nos engaña, firma papeles, cumple unos dos meses y después ya no cumple”, concluyó la mujer con un tono desesperado.

La estrategia de huir por tantos años no le había servido de nada porque la deuda se le había duplicado a $6,075, los cuales deberá pagar ante los tribunales y podría enfrentar hasta tres años de prisión o su equivalente a trabajos de utilidad pública. 

El proceso está en las manos del Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, donde se espera que sea programada la audiencia por el delito de incumplimiento de deberes de asistencia económica. 

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