El informe de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES, sobre extorsiones a la micro y pequeña empresa, indica que el 42% de estas fueron víctimas de un delito en el último año, y que el 22% fue por extorsión. El  estudio detalló que los empresarios han pagado mensualmente $10 millones a pandilleros y oportunistas en concepto de “renta”. 

Estos datos fueron brindados el jueves durante la presentación del informe de la institución, el cual revela además que la mayoría de estas micro y pequeñas empresas se encuentran geográficamente en medio de vagos y rodeadas de pandillas que mantienen señalados los territorios con grafitis.

Uno de los hallazgos del estudio es que entre los negocios más “renteados” por mareros se encuentran las tiendas y abarroterías en pasajes de colonias, así como pupuserías y comedores, además de otros comercios que prestan servicios.

La investigación establece que en el último trimestre ha habido una leve disminución del 13 por ciento en las denuncias, pero no logra identificar si esta se debe a que ha disminuido la extorsión por las medidas extraordinarias de seguridad o si es por temor de los empresarios a dar aviso.

La zona del país donde más se da el ilícito no es San Salvador como se podría creer, sino el occidente con un 34.42%; mientras que el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), ocupa el segundo lugar con un 29.19%; y el tercer lugar lo lleva el oriente, con un 15.51%. 

Mayra Barraza, economista y directora de la Unidad de Desarrollo de la Universidad “José Matías Delgado”, señaló que este tipo de delito le cuesta al país $754 millones al año, según datos del Banco Central de Reserva.

Por su parte, el consultor Carlos Ponce, expresó que el 59% de los casos de extorsión son del tipo sistemáticas, es decir, que hay constante contacto entre víctima y victimario que llegan a un acuerdo periódico para hacer los pagos; mientras que el 12% es oportunista, es decir, que se identifican como pandilleros pero son otro tipo de delincuentes que tratan de sacar ventaja del poder de las maras para intimidar a sus víctimas. Estos últimos tienen la modalidad de extorsionar solo una vez y luego desaparecer.

“El rol que juegan los celulares es vital en la extorsión, pero para las micro y pequeñas empresas no, porque la mayoría de contactos con estas son personales y no por celular, las demás variables confirman que 3 de cada 10 empresas los victimarios contactaron a su víctimas por un celular”, explicó Ponce.

Los datos de FUSADES revelan que 2 de cada 10 víctimas fueron amedrentadas desde los centros penitenciarios. El gobierno, por su parte, hace un esfuerzo por cortar la comunicación en los penales a fin de disminuir el delito.

El 54% de los consultados dijo que no denunciaba las amenazas por temor a represalias, mientras que el 24% no lo hace porque consideran que de nada sirve poner la denuncia, además de que no creen que las autoridades vayan a hacer algo al respecto.

“Si las personas no denuncian y las instituciones no capturan a los responsables difícilmente las micro y pequeñas empresas van a poder salir adelante y crecer”, señaló Barraza. 

Según los especialistas la extorsión es un flagelo difícil de erradicar, pese a las medidas de seguridad implementadas por el gobierno que apuesta a la ley especial contra el delito de extorsión, que se basa en combatir el uso de teléfonos celulares en el cometimiento de dicho ilícito especialmente por llamadas hechas desde las cárceles del país.