Miembros de la Asociación de Abogados de La Libertad (ABODEL) interpusieron un aviso ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investiguen el posible cometimiento de un delito de parte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, al revelar información de las investigaciones de la sección de Probidad.

De acuerdo a los abogados, fueron los mismos magistrados quienes advirtieron a sus colegas, en la corte plena del 11 de febrero, sobre la comisión de delitos al interior del Órgano Judicial, al filtrar información que debe ser diligenciada con reserva y que había sido divulgada incluso antes de ser abordada en esa Corte.

El delito que podrían haber cometido según los abogados es revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos, establecido en el artículo 324 del Código Penal.

El vocero de ABODEL, José Roberto Juárez, negó estar defendiendo intereses particulares y aseguró que las motivaciones de ese aviso atienden a que se cumpla con el principio del “proceso debido”, estipulado en la Constitución de la República.

“Es grave que no se atienda ese principio; pues de lo contrario cualquier persona que sea investigada será bajo cualquier disposición y no sabrá a qué atenerse”, enfatizó.

De acuerdo a los abogados, los magistrados habrían filtrado la información de la investigación a ciertos medios de comunicación, que lo publicaron previo a decidir si los funcionarios serían enviados a un juicio.

Los miembros de ABODEL aseguran que no es posible que el máximo órgano de justicia esté facilitando información, cuando saben que eso es una ilegalidad.

Los demandantes citan el artículo  240 de la Constitución en la que establece que la Corte tiene la obligación de mantener en reserva la declaración de patrimonio que los funcionarios hacen en los primeros 60 días después de haber tomado el cargo.

Hasta el momento, la sección de Probidad ha abierto la investigación contra tres expresidentes, las cuales aseguran no se han apegado a un proceso definido. Los presidentes que mantienen expedientes abiertos son Francisco Flores, Elías Antonio Saca y Mauricio Funes.

Con esta alerta los abogados esperan que la Fiscalía se involucre en los procedimientos previos a la apertura del proceso jurídico que se lleva en contra de los funcionarios a efectos de desenmascarar anomalías y el trasfondo de las mismas.