• Diario Digital | jueves, 01 de diciembre de 2022
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Política - Logran acuerdo 

Aprueban ley que obliga al Gobierno a "apretarse el cinturón"

La ley tiene como fin un uso eficiente de los recursos del Estado, a su vez evita que haya un gasto excesivo y que haya un alto endeudamiento.

Ajuste fiscal
Aprueban ley que obliga al Gobierno a "apretarse el cinturón"

Disminuir los gastos innecesarios, evitar la deuda excesiva, mejorar la recaudación de impuestos, tener presupuestos honestos y precisos son algunos de los elementos que estipula la nueva Ley de Responsabilidad Fiscal que fue aprobada la noche de este jueves en la sesión plenaria. 

Después de una negociación intensa que inició en marzo de este año, los legisladores por fin aterrizaron en un cuerpo legal que busca poner los candados necesarios para que no haya abusos en los gastos dentro del Gobierno y que se garantice la inversión en los programas sociales.

Este nuevo cuerpo legal obedece a una serie de presiones tanto de organismos internacionales como de la población misma para buscar mayor control en los gastos del Estado. Sobre todo cuando se evidencian funcionarios públicos con gastos onerosos y salarios excesivos, mientras el Gobierno se endeuda para salir a flote con los programas sociales o que recurra a préstamos para gasto corriente, como el pago del Fodes. 

El principal ejecutor de hacer cumplir esta ley será el ministro de Hacienda de turno y velará por que todos los funcionarios se acoplen a las normas para el control de gastos.

La ley busca ordenar las finanzas públicas en los próximos 10 años, que le dará la sostenibilidad financiera al país. Sin embargo, el periodo de más endurecimiento son los primeros tres años, es decir, bajo el Gobierno del FMLN, puesto que la ley obliga al Estado a hacer un ajuste fiscal de 3% del Producto Interno Bruto (PIB). Ello significa que el Gobierno deberá bajar los gastos y mejorar los ingresos. 

Esto supondrá que el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén deberá hacer varios recortes en el gasto y deberá buscar incrementar lo recaudado a través de impuestos. Ello podría pasar por la creación de nuevos impuestos, cerrar portillos de la evasión y la elusión o mejorar los cobros de las deudas al Fisco, entre otras medidas.

En el artículo 10 de la nueva Ley, se estipula que la carga tributaria no podrá ser menor del 17% del PIB y los gastos corrientes no podrán ser mayores al 18.5%. Además, deja establecido que el rubro de Remuneraciones y Bienes y Servicios no podrá crecer más allá de lo que aumenta el el PIB cada año. 

Otro de los puntos que deja establecidos es la disminución del endeudamiento público. El artículo 8 deja establecido que el endeudamiento al finalizar los tres años no deberá ser mayor al 45% y al término de los 10 no deberá ser mayor a 42%, sin contar la deuda de pensiones. No obstante, con la deuda de pensiones no deberá exceder el 65% del PIB. 

En cuanto a la deuda flotante, mejor conocida como Letras del Tesoro (Letes), estipula que en el primer año deberá bajar al 20%. Actualmente está en el 30%.  

Además, la ley prohíbe crear gastos sin una fuente de financiamiento claramente estipulado, tal y como ha pasado con programas que han sido aprobados tanto por el Ejecutivo como por la Asamblea misma. Por ejemplo, eso es lo que ha sucedido con la Ley de los Veteranos de Guerra, que no estipulaba cuánto ni de dónde iban a tomar los fondos para otorgarles las indemnizaciones. 

Transparencia 

La nueva normativa no solo se limitará a reducir los gastos del Estado y evitar un mayor endeudamiento. También está orientada a hacer más transparentes los presupuestos de la nación. 

De igual forma, obligará a todas las instituciones del Estado a entregar presupuestos ordenados, honestos y transparentes, priorizando el gasto en la inversión social. Hacienda recolectará esta información mes a mes y la tendrá lo más actualizada posible para que la población conozca qué se está haciendo con el dinero que paga con sus impuestos.

Esto se aplicará a los tres órganos del Estado, al Ministerio Público, a las municipalidades e incluso a las autónomas. 

El artículo 16 establece que las políticas y programas sociales deberán contar con financiamiento asegurado, debiéndose evaluar la eficiencia del gasto público y el impacto de este, sobre la base de indicadores sociales y de pobreza. Además estipula que los recursos de estos deberán ser incorporados dentro del presupuesto general.

Por otro lado, se ha establecido que cuando llegue un nuevo Gobierno la vieja administración no podrá usar más del 45% del presupuesto de ese año.  

Otra de las estipulaciones es que los ministros de Hacienda deberán presentar planes quinquenales y rendir informes del cumplimiento de metas que van acorde a los ajustes que se han establecido. 

Uno de los aspectos que más generó trabas en medio de la negociación fue la estipulación de sanciones para los ministros de Hacienda que incumplan con los aspectos de la ley. "En caso de incumplimiento de dichas obligaciones, el ministro de Hacienda podrá ser interpelado por la Asamblea Legislativa, y si da lugar, propiciar una recomendación al Presidente de la República para que proceda a la destitución del funcionario", reza el artículo 28.

Además deja estipulado que cada vez que presente un presupuesto anual deberá contener una declaración jurada asegurando que ha presentado un presupuesto equilibrado y que hay una inclusión completa de todos los gastos correspondientes.

La Ley de Responsabilidad Fiscal se ha aprobado en la mayoría de países de mundo, pues pretende ser la referencia para mantener el orden de las finanzas públicas, establece metas a cumplir en el mediano y largo plazo. Además estipula los candados necesarios para que el país cumpla sus obligaciones financieras sin desajustar otros gastos. 

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