La Cámara de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ordenó el reinstalo del personal que fue despedido de la Asamblea Legislativa el 24 de julio de 2018, bajo el acuerdo número 232, luego de calificar esa acción como “ilegal” y considerarla que fue ejecutada de “manera arbitraria”.

Esta información fue brindada de acuerdo al Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (SITRAL) a través de un comunicado, mismo en donde reflejan con alegría la decisión tomada por la Cámara.

“Con mucha alegría expresamos nuestra solidaridad y agradecemos a todos los que han sido parte del esfuerzo de acompañar a los trabajadores que por más de 10 meses se mantuvieron vulnerados en sus derechos humanos y laborales”, indicaron los miembros del sindicato.

El 21 de mayo de 2018, el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, anunció una "triste decisión", como la calificó en ese momento, al referirse sobre el despido de aquellos empleados que habían sido contratados entre el 1° de diciembre de 2017 y el 30 de abril de 2018.

Además, el 23 de junio ocurrió un nuevo aviso de despidos. Quijano volvió a dar una "mala noticia", pero en esa ocasión indicó que se ejecutaba en las sedes departamentales que se encuentran a escala nacional, en donde solamente serían 10 los empleados que mantendrían en cada una de ellas. 

Más de 100 personas serán las que quedarán sin empleo tras el recorte del personal. En los departamentos de La Paz, San Miguel y en Ahuachapán cesarán a 10 trabajadores; en Santa Ana, a 14; en La Libertad, a 11; en Cabañas, a cinco; en Cuscatlán y en San Vicente, a dos; en Morazán y en La Unión, a cuatro; en Usulután, a tres; en Sonsonate y en Chalatenango, a siete.