El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rodolfo González, explicó que los criterios que se tienen para examinar las declaraciones de probidad de los exfuncionarios parten del cargo que han ostentado en la administración pública y el monto en el que se ha detectado algún tipo de irregularidad.

González justificó de esta manera que actualmente varios expresidentes de la República, Asamblea Legislativa e incluso Órgano Judicial estén sometidos a un proceso civil por el delito de enriquecimiento ilícito.

El funcionario detalló que otros cinco casos de exfuncionarios investigados desde la sección de Probidad están por finalizarse y que estos podrían sumarse a la lista de 12 exfuncionarios que estarían siendo procesados por desvió de fondos públicos, entre ellos Sigfrido Reyes, el actual presidente de la Asamblea, Guillermo Gallegos y Ana Vilma de Escobar.

La figura de Sigfrido Reyes, expresidente del Órgano Legislativo es la que destaca entre las investigaciones que se estarían por finalizar y someter a votación en Corte Plena para decidir si se ordena la apertura a juicio.

Al mismo tiempo González reveló que de los 76 casos que se tienen bajo estudio se han desechado tres, uno de ellos por fallecimiento mientras que otros dos fue por el monto que no se pudo justificar.

Estos exadminsitradores públicos serían un juez y dos alcaldes de los cuales no dio mayores detalles durante su intervención en la entrevista República SV de canal 33.