Con 50 votos (sin los del FMLN), los diputados de la Asamblea Legislativa, aprobaron un pronunciamiento de rechazo del parlamento a la extradición de los militares requeridos por la justicia española, por el asesinato de seis padres jesuitas y dos de sus colaboradoras en noviembre de 1989 en las instalaciones de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). 

La petición fue hecha por el diputado de GANA, Guillermo Gallegos y fue respaldada por ARENA, PCN y PDC. "Es un mensaje contundente que la Asamblea no está de acuerdo o no comparte la petición de extradición por el juez Eloy (Velazco) de España", manifestó el vicepresidente del legislativo.  

Pese a que reconoció que este tema divide a la opinión pública, la petición de extradición está en contra de la Constitución, ya que cuando ocurrió el crimen El Salvador no tenía tratado de extradición con España. No obstante, Galleos reconoció lo grave del asesinato. "Lamento profundamente la muerte de los jesuitas, es un hecho triste que aconteció en nuestro país. Es condenable y repudiable", dijo el legislador. 

De la misma forma, se expresó el diputado del PCN, Mario Ponce: "Condenamos enérgicamente el asesinato de los jesuitas y las demás personas que trabajaban para ellos en la residencia del campus universitario, pero debemos saber y reconocer que en El Salvador ya existía para ese tiempo, sobre el cometimiento de estos asesinatos, una normativa legal y por eso se decretó prisión formal", dijo. 

De la misma forma, el diputado de ARENA, Norman Quijano aplaudió el pronunciamiento y reconoció que los militares ya fueron juzgados por esos crímenes, por lo que extraditarlos iría en contra de la Constitución salvadoreña. "Ellos ya fueron juzgados por ese crimen, no tienen que permanecer tras las rejas y esperar una resolución de una extradición que no es procedente", sentenció. 

El general retirado y ahora diputado arenero, Mauricio Vargas, sostuvo que este pronunciamiento es una forma de hacer justicia y de hacer valer las leyes salvadoreñas. Ponce, por su parte, dijo esto representa el pensar de la mayoría de las fracciones legislativas. 

Gallegos pidió que el pronunciamiento sea difundido en los periódicos de mayor circulación, Quijano secundó la moción. Ponce fue más allá y pidió que también se transmita en medios televisivos. 

Por su parte, la jefa de fracción del FMLN, Norma Guevara, estuvo de acuerdo con la condena que hicieron muchos actores al asesinato de los sacerdotes. "Afirmar que esto es una página de vergüenza del país es correcto", dijo la legisladora.

El FMLN se abstuvo de votar. Guevara explicó que esperan que la Sala de lo Constitucional actúe conforme a la Constitución y respete las facultades de la Asamblea Legislativa y por tanto ellos estarían tratando de respetar las facultades de cada órgano de Estado. 

"Deseamos que la Corte Suprema de Justicia cumpla su facultad conforme a la Constitución y quisiéramos que al Corte y especialmente la Sala de lo Constitucional respete las atribuciones del Órgano Legislativo, por eso en este caso vamos a abstenernos en esta votación", argumentó.

En 2011, el juez Eloy Velasco abrió una investigación por el caso del asesinato de seis jesuitas; sin embargo, El Salvador se negó a proceder a la extradición argumentando que existe una imposibilidad jurídica para concederla dado que la Constitución de ese momento prohibía la extradición de nacionales.

Para enero de 2016, Velasco reiteró la detención de los militares ante la Interpol mediante difusión roja, lo que provocó la captura en febrero de cuatro de los 17 señalados quienes se encuentran en las bartolinas de la Delegación de Tránsito de San Salvador, a la espera que la Sala de lo Constitucional resuelva si serán extraditados o no a Europa. 

A inicios de junio, la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró la extradición no es procedente. Sin embargo, la Sala de lo Constitucional tiene la última palabra, por lo que los diputados destacaron no es una intromisión a la labor de la Corte.