La propuesta de ley del agua que se estudia en la Asamblea Legislativa, respaldada por diferentes diputados, va en camino a minimizar la participación estatal en la toma de decisiones y la empresa privada tendría más peso en la administración del recurso.

Al interior de la Asamblea la ley ha generado acusaciones y opiniones encontradas, hacia el exterior de igual manera se ha enfrentado la empresa privada con la iglesia católica e incluso estudiantes han realizado marchas de rechazo. Pero más allá de la polémica, de voces de sus actores se explica el proyecto de ley. 

La respuesta de los grupos parlamentarios depende del bando al que se le consulte. Los diputados de ARENA y sus aliados han negado en muchas ocasiones que se trate de “privatizar el agua”, diferentes miembros del grupo parlamentario lo han repetido en muchas ocasiones. El propio presidente de la Asamblea, Norman Quijano, lo negó tras los disturbios que se generaron la semana pasada en el recinto legislativo: “ARENA no está en favor de ninguna privatización, lo hemos dicho una y mil veces y lo vamos a repetir hasta la saciedad”.

Si la consulta se traslada para la bancada del FMLN, al gobierno y a la iglesia católica, este último participó en la formulación del proyecto de Ley General del Agua -propuesta que se estudió en la legislatura pasada-, coinciden en lo mismo: la derecha quiere privatizar el agua. “Aquí no podemos hablar de otra cosa que más que de privatización cuando se quieren apoderar del recurso agua de este país”, expresó la diputada efemelenista, Dina Argueta.

Fuera de posiciones radicales de cada uno de los bandos, la comparativa de las cinco propuestas de leyes que están en poder de El Salvador Times y que se utilizan como insumo para trabajar el proyecto actual del agua revela que hay muchas coincidencias en las propuestas. Todos plantean la creación de un organismo rector, una autoridad que se encargue de la administración, gestión y regulación de los recursos hídricos.

Algunas diferencias se presentan cuando se habla de a quién estará adscrita; es decir, a quién estará asignado ese organismo. La propuesta de la sociedad civil, lo denomina como Consejo Nacional del Agua (CONAGUA) y le asigna la responsabilidad administrativa y financiera a la Presidencia de la República. 

La propuesta de ley del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) lo nombra como Consejo Nacional del Agua (CNA) y la propuesta de la iglesia Católica en conjunto con la Universidad José Simeón Cañas (UCA) lo nombra como Autoridad Nacional de Aguas (ANA), esas dos propuestas también le asignan la responsabilidad a la Presidencia.

Mientras que las propuestas de la Asociación de Regantes y la Asamblea Legislativa, inicialmente se había denominado al organismo como Autoridad Hídrica. Estas dos propuestas adscriben la responsabilidad del organismo al órgano Ejecutivo, a través del MARN. En el anteproyecto que se discute en la Asamblea se acordó denominar al organismo como ANA, igual que la propuesta de la UCA.

Las propuestas de la Sociedad Civil, MARN e Iglesia-UCA tienen como base el proyecto de la Ley General del Agua, mientras que las propuestas de la Asociación de Regantes y la de los diputados utilizan la Ley Integral del Agua, dicha propuesta fue entregada en la legislatura anterior y es la que actualmente sirve como columna vertebral para la discusión actual.

El punto en discordia

El enfrentamiento entre ARENA y el FMLN se genera en que los tricolores apoyan la propuesta de la Ley Integral del Agua, mientras que los rojos han mostrado su simpatía por la Ley General del Agua, específicamente la trabajada por la Iglesia-UCA.

En la comparativa de las propuestas, que fue facilitada por diputados, en poder de este medio, en ningún momento se menciona la palabra “privatización” que ha sido el estandarte de los oficialistas en los últimos días. Sin embargo, hay situaciones en la propuesta que no terminan de cerrar esa posibilidad.

El punto en discordia entre los legisladores es la conformación de la Junta Directiva del organismo regulador, la que tendrá la facultad de tomar decisiones en el tema de la administración del recurso hídrico.

La propuesta que se trabaja en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático contempla que la Junta Directiva de ese organismo esté conformada por cinco miembros: Un presidente que será delegado por órgano ejecutivo, dos representantes de la Corporación de Municipalidades de El Salvador (COMURES) y dos miembros a propuesta de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).

La participación del Estado estaría siendo relegada al mínimo, ya que si bien es cierto las alcaldías no son entes privados, el partido que propone la ley tiene ventaja en ese rubro. Actualmente el partido ARENA tiene 140 alcaldías, de las 262 en total (138 individuales y dos en coalición), lo que quiere decir que el 53.4% de los alcaldes son de ARENA.

La propuesta plantea que los representantes de COMURES serán electos por “el voto favorable de las tres cuartas partes de los miembros”. Resulta difícil imaginar que el FMLN, el que se muestra en contra de esta ley, logre decidir, también resulta más complicado que ARENA no logre uno de esos dos representantes.

Los dos propuestos por la ANEP y uno de los representantes de COMURES podrán tomar las decisiones que consideren pertinentes, mientras que la participación del Estado quedaría reducida a ser un espectador.

La otra propuesta, la de la Iglesia-UCA,  plantea la conformación del ANA de la siguiente forma: Los titulares de los Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Salud (MINSAL), Obras Públicas (MOP), un representante de COMURES y presidirá el MARN. En este caso, el Estado tendría la mayor cantidad de representantes.

ARENA: No se puede hablar de privatización

La presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, diputada Martha Evelyn Batres, fue enfática al decir: “No se puede hablar de privatización, porque el agua potable no es un bien privatizable, el agua potable es un bien público, de uso público, ya lo establece en la Constitución de la república en dos artículos, incluso hay sentencias de la Sala de lo Constitucional”.

Batres dice que está claro, el agua es un derecho humano inherente al ser humano y señala que “se está queriendo malinformar”. La diputada aclara que la participación de la ANEP es únicamente para dar propuestas de personas para que conformen la junta directiva del organismo.

“No es que sean representantes de ANEP, sino que están siendo propuestas de ANEP”, dijo Batres. También indica que para evitar malos entendidos se aprobó una serie de inhabilidades, dentro de las que están: “Todos aquellos que tengan interés, que tengan que ver con el tema agua, empresarios que manejen aguas, bebidas carbonatadas".

Todo lo que se ha dicho sobre la privatización, considera la legisladora, “es una noticia falsa, que ha sido con una buena intención para ellos (FMLN), pero utilizando un tema tan vital como el tema del agua, para apagar otro tipo de fuegos, lo que queremos evitar es un manejo político del tema”.

Para el proyecto actual, según Batres se han escuchado a diferentes sectores, MAG, Foro del Agua y expertos hídricos.

FMLN: ¿Qué tiene que ver la empresa privada en el agua del país?

La diputada del FMLN y miembro de la comisión Dina Argueta cuestionó la inclusión de los designados por la ANEP para ser parte de la directiva del organismo “¿Qué tiene que ver la empresa privada en el agua del país?... Con esta ley le están dando la potestad y el permiso a juntas de agua, como los grandes gremios e ingenios en esa autoridad”, señaló.

La legisladora efemelenista, además, dijo que la empresa privada no estará en función de darle agua a los pobres del país. "Estará en función ya no tener el 30% del agua en el país sino que ahora es acaparar la mayor cantidad de recursos”, dijo. Para el FMLN, explicó, el ente rector regulador debe ser el Estado.

Argueta dijo que ha instado a los diputados a ser responsables porque la ley puede decir una cosa, pero en la práctica sea otra. “En la ley puede quedar que se busca garantizar el derecho humano al agua, pero ¿cómo vamos a garantizar ese derecho si la potestad la tienen los privados?, el único que puede garantizar un derecho público es el Estado. La empresa privada trabajará en función de sus empresas”, indicó.

Argueta considera que las luchas en el pasado del país le han dado resultados importantes y que el pueblo “ha despertado”, aseguró que una muestra fue lo que sucedió fue la manifestación de estudiantes de la Universidad de El Salvador (UES).

Martel: Lo que quieren privatizar es el órgano de gobierno del Agua

El diputado del CD, Juan José Martel, aclaró que los diputados de la derecha no quieren privatizar el agua como tal. “Lo que quieren privatizar es el órgano de gobierno del agua, el agua no la pueden privatizar por Constitución, pero sí pueden privatizar en la práctica el organismo que va a suministrar el agua y eso es peligroso”

Ya que según Martel el agua debe ser considerada un bien social y no debería estar sujeta a las decisiones que se tomen por entes que buscan negocios. “Si los grupos del agua están vinculados a los privados, la visión será en función de los negocios, de la ganancia, riqueza y no en suplir una necesidad”, expresó.

El diputado considera que mientras estén involucrados los privados, ellos van a tener como prioridad los negocios y no los intereses de la ciudadanía.

ANEP: La Privatización es una cortina de humo para desviar atención del caso Funes

Los empresarios, en un comunicado, acusan al FMLN de “recurrir al viejo y gastado recurso de lanzar falsas acusaciones en contra de los empresarios” y consideran que es una cortina de humo para desviar la opinión pública del caso de corrupción del expresidente Mauricio Funes, que asu criterio sería “el más corrupto de la historia del país”.

La gremial insiste en que es completamente falso que la ANEP quiera privatizar el agua, que el objetivo de los empresarios es y será “mejorar el acceso y la calidad del servicio de distribución del agua, tan deficientes que presta ANDA”.

Además hicieron un llamado a las oenegés, gremios sindicatos e Iglesias a “no dejarse sorprender por los detractores e información falsa”.

En medio de todas estas voces, la Asamblea se presta a hacer un estudio profundo de la ley, en la que tal parece que tendrá más desavenencias que encuentros.