En sesión plenaria extraordinaria los diputados de la Asamblea Legislativa votaron este lunes a favor del desafuero del magistrado de la Cámara Tercero de lo Civil Eduardo Jaime Escalante Díaz para que enfrente la justicia como un ciudadano común, sin ningún privilegio.

Con 82 votos a favor y ninguno en contra, el primer Órgano del Estado terminó el proceso que le siguió a Escalante Díaz, y a partir de este lunes queda en manos de la justicia salvadoreña para enfrentar el delito del que se le acusa.

El viernes 1 de marzo, la comisión especial de antejuicio conformada por diputados de la Asamblea Legislativa acordó quitar el fuero al magistrado, quien ese día se hizo presente a la reunión celebrada en el Palacio Legislativo junto a su defensora, la abogada Ana Concepción Urías Lozano.

El dictamen se dio siete días después de que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó la solicitud de antejuicio a la Asamblea Legislativa, y luego de más de una semana de que se conoció el caso.

Urías Lozano presentó una solicitud de allanamiento voluntario para que el magistrado fuera desaforado sin cumplir con el proceso, pero se le explicó que no era posible. El diputado René Portillo Cuadra explicó: "El magistrado no puede renunciar al fuero, porque el fuero es inminente al cargo y no a la persona. Para ello debe renunciar a su puesto como magistrado y solo así estaría renunciando al fuero".

Este lunes 4 de marzo, el pleno de la Asamblea determinó por unanimidad que la denuncia está fundamentada y que debe ser conocida en una sede judicial. Luego de la última etapa ejecutada este lunes en la Asamblea Legislativa, el caso queda en manos de la justicia salvadoreña, quien determinará la culpabilidad o inocencia del ahora imputado.

Resumen de los hechos

El resumen de los hechos señalan que el día lunes 18 de febrero, la niña agredida se encontraba jugando con un amigo en las cercanías de su casa, cuando vieron un hombre desconocido que tiró unas monedas al suelo. Al ver eso la niña trató de huir del lugar, pero al querer correr, fue tomada por el hombre, quien, luego, la tocó con su mano en su parte genital.

Según el reporte redactado en la Asamblea Legislativa, el hecho fue observado por una vecina, quien le gritó a la madre de la misma de lo que estaba sucediendo. 

Al observar lo que estaba pasando, Escalante Díaz abandonó el lugar, huyendo por unos pasajes de la colonia. Después de eso, una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) se hizo presente al lugar para comenzar con la investigación y recabar información de la víctima y de testigos del hecho. 

Después de eso, el vehículo del magistrado fue ubicado por elementos de la PNC. Se trataba de un vehículo color gris, marca Nissa Tiida placas P734-006, que es propiedad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el cual se le había asignado desde el año 2017.

Dentro del vehículo gris se encontró ropa, zapatos y un cincho, así como una pistola calibre 40 con un tiro en recámara, más un cargador con seis cartuchos más y un cargador extra. La PNC se comunicó con Escalante Díaz, y al preguntarle si quería ir al lugar a retirar el automóvil, dijo que no, que lo llevaran a la CSJ y que solo le llevaran las llaves a su casa.

Durante las declaraciones, el ahora desaforado dijo que se había perdido, que por error del Waze fue a dar a la colonia. Sin embargo, luego de las investigaciones se ha determinado la ruta que siguió para llegar al lugar, así como seguimiento por medio de cámaras y fotografías, las cuales han sido incluidas en un álbum. 

El analista de informática de la CSJ también verificó que el teléfono asignado al magistrado fue activado en diferentes puntos de la parte nororiente de la capital, en varias colonias cercanas a la colonia Altavista, lugar donde se dieron los hechos.

Además, la víctima, así como la progenitora de la niña han identificado al ahora señalado por medio de fotografías que están en manos de las autoridades. 

La defensora del magistrado tomó la palabra en la sesión de este lunes, algo que le permitía el proceso celebrado en la Asamblea Legislativa. Explicó que el caso no debía ventilarse de forma pública, en un lugar público y con transmisión nacional.

A pesar de no negar los hecho, hizo un resumen de la forma y errores que según ella se ha cometido en el proceso que se le ha seguido al magistrado señalado. 

No obstante, con el desafuero ahora será la Fiscalía General de la República (FGR) la encargada de investigar los hechos. 

Por ahora, tendrá la FGR que emitir una orden administrativa de detención y la Policía hacerla efectiva para que sea llevado ante los tribunales, donde se le comprobará si es culpable o inocente.