La Fiscalía General de la República (FGR) demandó civilmente este martes 7 de noviembre al exdiputado y exalcalde de Santa Tecla por el partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) Roberto José d'Aubuisson Munguía y a su grupo familiar por un presunto enriquecimiento ilícito que asciende a casi un millón de dólares.

La FGR presentó la demanda ante la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla para que ventile el caso de enriquecimiento ilícito contra el exfuncionario, contra su esposa, Jackeline Janet López de d'Aubuisson, y contra sus hijos Roberto José d'Aubuisson López y Johanna d'Aubuisson López.

La cantidad exacta demandada por la Fiscalía en el caso de enriquecimiento ilícito de los D'Aubuisson es de $992,699.52. 

La FGR indicó que a Roberto dʼAubuisson, hijo del fundador del partido Arena, mayor Roberto d'Aubuisson Arrieta, "se le demanda en su calidad de exdiputado propietario por el departamento de La Libertad, cargo que desempeñó desde el 1 de mayo del 2012 hasta el 30 de abril del 2015, y como alcalde municipal de Santa Tecla por dos periodos consecutivos, comprendidos entre el 1 de mayo del 2015 al 30 de abril del 2021".

Al exfuncionario se le señalan 26 irregularidades en depósitos a cuentas bancarias y pagos de tarjetas de crédito por un monto de $480,851.01, señaló la Fiscalía.

Sin embargo, es su esposa, Jackeline Janet López d’Aubuisson, a quien se le atribuye una mayor cantidad de dinero que no pudo justificar ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia. En el caso de López de d'Aubuisson, se le reprochan 24 irregularidades en sus declaraciones de patrimonio por un monto de $513,428.64, aseguró la FGR.

Por otra parte, la Fiscalía detalló que el hijo del exdiputado y exalcalde, Roberto José d’Aubuisson López, "no ha podido justificar dos irregularidades por un monto de $15,480".

Y a su hija, Johanna d’Aubuisson López, "se le demanda por ocho inconsistencias por un total de $12,939.87", dijo la FGR.

El reclamo de índole civil tiene como base un informe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia en el que se evidencia que el demandado, su esposa y dos de sus hijos no pudieron justificar el origen lícito de ese dinero.

"La pretensión de los fiscales es que ese monto sea reintegrado al Estado y que, además, se inhabilite al exfuncionario para ejercer cualquier cargo público por 10 años", explicó la Fiscalía.