Que el país se encuentra bajo un régimen de excepción “de facto pro” es la opinión del director del departamento de estudios legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo (Fusades), Javier Castro, debido a las nuevas restricciones anunciadas por el gobierno para el combate a la pandemia del Covid-19.

Castro dijo estar consiente de que las medidas son para evitar la circulación —y por tanto contagios—, pero la actuación del Estado tiene que estar marcada por el respeto al estado de Derecho. Añadió que a Fusades le preocupa tanto la pandemia como lo que pueda venir después.

“Este día amanecemos con nuevo régimen, nuevas medidas que me parece que estamos bajo un régimen de excepción de facto al haberse restringido la libertad de tránsito y no haberse seguido lo que señala la Constitución. El estado no puede olvidarse de que también tiene que velar por los derechos de todos los ciudadanos”, valoró.

Dijo que las medidas adoptadas en el decreto Ejecutivo 22 (no circulación de transporte colectivo y restricciones de movilidad ciudadana usando el número de DUI) no tienen vinculación con la ley de aislamiento y cuarentena que aprobó la Asamblea.

“Estas nuevas reglas me parecen un exceso a lo que ha señalado la Asamblea y recordemos que un decreto no puede contrariar a una ley. Casi estamos en un régimen de excepción de facto porque cuando se estableció que las personas no se pueden movilizar de un municipio a otro... eso solo se hacer si se suspenden las garantías constitucionales”, indicó.

Aseveró que el Gobierno ha emitido varios decretos Ejecutivos que rebasan las capacidades que tiene, porque no existe un soporte en el que apoyarse (decretos legislativos).

Las nuevas restricciones suceden después de varias denuncias de violaciones de derechos humanos ante la Sala de lo Constitucional, por medio de solicitudes de Habeas corpus, y de informes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

“Esto va escalando, ya escuchamos al presidente decir que no iba a acatar sentencias de la Sala y eso es delicado porque nadie puede ignorar las sentencias del máximo intérprete de la Constitución, con eso hablamos de disposiciones que atentan contra el orden institucional y democrático y de eso no se trata, no queremos que haya una crisis sanitaria con crisis constitucional”, explicó.

Advirtió que en el decreto 22 podría existir fraude de ley porque lo que el Gobierno hizo es utilizar la ley de cuarentena para hacer parecer que ese el sustento legal de las medidas que se están tomando.

“Se buscó un decreto legislativo para buscar una apariencia de legitimidad y poder hacer todo lo que se está haciendo. La ley de cuarentena se quedó corta porque debió establecer que el Órgano Ejecutivo no pudiera delimitar aspectos ni restringir derechos y establecer medidas robustas de cara a proteger derechos de los ciudadanos”, agregó.

Lamentó que la ley de protección de derechos fuera vetada porque, argumentó, se protegían de mejor manera los derechos fundamentales.

“No se está tratando de boicotear bajo ningún concepto las facultades del Órgano Ejecutivo para enfrentar la pandemia, pero esto debe hacerse respetando el ordenamiento porque no se puede aceptar atropellos a los derechos ciudadanos”, cerró.