Desde muy temprano este 29 de enero, Teresa Mineros de 72 años de edad decidió llegar junto a su hijo, Moisés Edgardo Moreno, a las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) con el fin de presentar la carta en donde constaba que su descendiente no podía formar parte de la Junta Receptora de Votos (JRV) en Apopa.

Su hijo resultó escogido en la elección aleatoria hecha por el ente colegiado. Sin embargo, el motivo principal por el que no puede integrar la mesa es que Moreno, quien cuenta actualmente con 44 años de edad, padece de epilepsia y un severo retraso mental, como lo comentó su madre.

“Mi hijo tiene retraso mental y no entiendo cómo salió en el sorteo del Tribunal”, se cuestionó la señora de la tercera edad, mientras abrazaba a su hijo.

“Además, no puede ni leer ni escribir”, dijo la mujer consternada por la situación a la que han tenido que ser sometidos, luego de varias horas bajo el sol haciendo fila a las afueras de la sede el TSE.

Mineros indicó que durante seis años su hijo fue paciente del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI), desde que tenía nueve hasta cumplir sus 15 años de edad. 

Por esa razón, los dos se acercaron a la institución responsable de las elecciones de alcaldes de los 262 municipios y de los diputados de la Asamblea Legislativa -a desarrollarse el próximo 4 de marzo- para presentar la constancia del estado de salud de Moreno.

Tras llevar los datos ante la oficina, la madre muy preocupada aseguró que la respuesta para saber si se le es admitida su carta la obtendrá durante los próximos 15 días.

Otros casos

El TSE realizó un sorteo aleatorio para poder elegir a los salvadoreños que conformarían las mesas de las JRV, en donde fueron electos 40,000 personas; pero solo 28,721 fueron notificadas que debía presentarse al llamado.

En este sorteo hecho a base de los datos del Documento Único de Identidad (DUI) también resultó elegida Ana Arely Portillo, quien el pasado 18 de enero fue sometida a una operación por problemas en su columna y recibió 60 días de incapacidad.

Por ello Roberto Galeano, el esposo de Portillo, también tuvo que llegar al TSE para presentar la constancia de la intervención quirúrgica de su pareja.

Otro caso de inconformidad de haber sido electa fue el de María Rosaura Artiga, una comerciante de ropa que a sus 52 años de edad indicó que no aprendió a leer ni a escribir, por lo que también solicitó ayuda para redactar una carta que la excusara de ser miembro de la JRV de Suchitoto, en Cuscatlán.

“He dejado de vender la ropa con tal de presentar la constancia, por eso me vine desde las 4:30 de la mañana para el Tribunal”, explicó.

A ella la secundó María Esperanza Cartagena, de 50 años de edad, quien trabaja en Chalatenango y coincidió al tener el mismo obstáculo que Artiga: no sabe leer ni escribir y tampoco firmar. Esto último lo notifica en su DUI, en donde se plasman nada más las iniciales de su nombre.

La solución del TSE para llenar plazas

El TSE ha previsto que si fuese necesario podría convocar a más personas del sorteo aleatorio realizado la vez anterior, debido que de los 40,000 electos solo 28,721 fueron notificados. Con ello se estarían llenado las plazas que sean necesarias luego de que hayan excusado a los que presentaron razones contundentes para no ser parte de las JRV.

“Hay muchos casos que dicen que no saben leer ni escribir, pero entonces existe la posibilidad de que a la hora de sacar el DUI hayan mentido con sus datos”, comentó el jefe de la unidad de Comunicaciones, Manuel Miranda.

Miranda explicó que para poder ser parte de la elección aleatoria debían ser personas menores de 60 años de edad, que supieran leer y escribir  y que hubiesen votado dos veces consecutivas para estar activas en el padrón electoral.

Asimismo, dijo que las personas que se han elegido se han hecho cada 18, por lo que al depurar la lista se volverá a anunciar los que se tendrán que integrar a las mesas receptoras de votos de manera obligatoria para remplazar a los que hayan sido depurados.

“En el sorteo pudieron haber salido agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), elementos militares, personas con discapacidad o con retraso mental, pero para ello se han dado fechas para que presenten sus excusas”, comentó el empleado del TSE.

La institución cancelará a cada miembro de las mesas electorales un total de $25 por sus labores. Les entregarán $10 previamente para que puedan comprar alimentos el día de las elecciones y posterior a ellas les entregarán los $15 restantes.

Los salvadoreños que deseen presentar justificación válida para evitar ser miembros de las mesas receptoras de votos tienen hasta el 1 de febrero para hacerlo en las oficinas del TSE. La respuesta de si fue admitida o no se dará a conocer en el sitio web de la institución en los próximos 15 días.