Si los malos empresarios no le robaran el dinero que se recoge a través del IVA que pagan todos los ciudadanos, esos $750 millones anuales se podrían invertir en escuelas, hospitales, contratación de policías, médicos, maestros, incluso hacer todas las obras que se están queriendo implementar a través de impuestos.

Una simple aritmética: si se construye una escuela de medio millón de dólares en los 262 municipios del país, un hospital de $20 millones en cada departamento y al menos siete túneles similares a la obra recién inaugurada en el redondel Masferrer se gastarían unos 525 millones. Sobrarían más de 200 millones de dólares. Cada año.

De los restantes $226 millones de dólares —cada año—  se podrían comprar unos 500 carros patrullas policiales de última generación con un costo de $83,000 y se habrían invertido $41 millones.

Además, cada año, alcanzaría para hacer nuevas contrataciones de policías, maestros y médicos e incluso incrementarles el salario por un año. Se podrían contratar mil policías, mil maestros y mil médicos ganando $1,000 cada uno, muy por encima de los $500 o $700 que pueden ganar estos empleados públicos.

Incluso manteniendo el salario mensual a esos 3,000 empleados nuevos, tan solo se habrían gastado $699 millones. Y por último se le podía dotar a cada alumno desde primer grado a bachillerato, público y privado, de una computadora valorada en $1,000. 

Esto solo como un ejrmplo.

Toda esa inversión se podría hacer con lo que anualmente los empresarios se roban del IVA. Cada producto que compra un salvadoreño lleva un impuesto del 13%. Las empresas son las recaudadoras de este impuesto y ellas deben trasladarlo íntegro al Ministerio de Hacienda. Sin embargo, un gran porcentaje de empresarios no lo hace y se apropian de ese dinero que todos los salvadoreños ya pagaron.

Según estimaciones de Hacienda, cada año se pierde alrededor del 30% de recaudación de este impuesto que asciende a $750 millones anuales. Un monto considerable que podría resolver muchas de las deficiencias que tiene el país.

Esa misma cantidad es lo que aprobó el Congreso estadounidense para el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica en 2017, que se suman al mismo monto asignado para 2016 y que se reparte entre Guatemala, El Salvador y Honduras y se destina para tareas de seguridad.

Prescindir de préstamos

Pero también si esos fondos ingresaran a las arcas el Estado, se podrían realizar una serie de obras que están varadas debido a que no consiguen ratificación en la Asamblea Legislativa. Así, por ejemplo, se podrían destinar $64 millones para rehabilitar la planta potabilizadora de Las Pavas, que abastece a gran parte del área metropolitana y que se piensa hacer a través de préstamo.

También, se podría, construir tres Ciudad Mujer por $30 millones, que se buscan hacer mediante un préstamo del  Banco Interamericano de Desarrollo (BID). También, $155 millones para construir el Corredor Pacífico Mesoamericano. Asimismo se podrían dar los $170 millones necesarios para el Programa Integrado de Salud fase II (PRIDES II), con el que se pretende construir dos hospitales, así como el fortalecimiento y ampliación de la cobertura de salud.

Además se podrían financiar el programa de Corredores Productivos, por $40 millones y el programa de Caminos Rurales Progresivos y mejoramiento de caminos en el país por $30 millones, que también están a la espera de ratificación. Otro proyecto que también se puede financiar es el Programa Especial de Seguridad Ciudadana en El Salvador (PESCES), que estará orientado a fortalecer las capacidades de la PNC por $100 millones.

Incluso con la inversión en todas esas obras, quedan libres $161 millones con los que se podría hacer más inversiones. Como por ejemplo, duplicar la pensión universal para los más de 32,000 adultos mayores que reciben la pensión universal. En un año el gobierno invirtió $24 millones, para duplicarla la inversión se podría acrecentar a $48 millones.

Con estas cifras además se le podrían dar al fiscal general, Douglas Meléndez, los $80 millones que ha pedido para la Fiscalía General de la República. Y quedan $33 millones, justo para construir el edificio nuevo de la Asamblea Legislativa.

Es más, si el Estado comenzara a recibir ese dinero cada año y se destinara para amortiguar la deuda pública que hasta julio de este año –según datos del Banco Central de Reserva (BCR)- asciende a $17,175 millones, se pagaría en su totalidad en 23 años, aproximadamente.  

¿Por qué no se castiga esto?

El Código Penal en su artículo 249-A estipula que el castigo para la evasión de impuestos es de prisión de cuatro hasta ocho años. Asimismo, en el artículo 251-A establece que aunque se declare que no hay responsabilidad penal, la persona sí debe pagar el concepto en tributo que evadió además de las multas e intereses.

Sin embargo, el artículo 252 contiene una salvedad para todos los evasores no vayan a la cárcel denominada “excusa absolutoria y reza: “En los delitos de este Capítulo, no se impondrá pena alguna al imputado si en cualquier momento satisficiere debidamente al Fisco los impuestos evadidos con sus respectivos accesorios”.

Para el gobierno y el FMLN este ha sido un problema, ya que la existencia de la pena de cárcel no es disuasivo para que se cometa el delito. En este sentido, el FMLN ha propuesta endurecer las penas de cárcel quitando la excusa absolutoria. Sin embargo, no tuvo eco de todos los demás partidos políticos.

Por lo que ahora el gobierno, a través del ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, ha propuesto que las penalidades sean de manera gradual y que el monto evadido más las multas e intereses sean pagados al Estado, incluso antes de ser condenados por un tribunal. El argumento es que este procedimiento es demasiado lento y los imputados pueden atrasarlo mucho más a través de apelaciones. Esto hace que la recaudación de los impuestos evadidos llegue muy lento o no llegue nunca.

Asimismo, el Ejecutivo ha pensado incrementar las multas hasta un 200%. Sin embargo, aún no logran ponerse de acuerdo. ARENA ha dicho esta medida es excesiva.

Otro de los problemas para mejorar los índices de evasión es el trabajo de la Fiscalía en cuanto a la investigación y la presentación de pruebas, ya que muy pocos casos son judicializados y condenados.  Cáceres instó a la Fiscalía a que ponga como prioridad este tipo de casos, ya que cada vez que la Fiscalía recupera dinero evadido, el Ministerio de Hacienda le deja un porcentaje al Ministerio Público.

Aunque las necesidades del país en torno a financiamiento son grandes, por el momento los actos políticos no logran ponerse de acuerdo en cómo cerrar los portillos que permiten que el país pierda anualmente $750 millones solo de IVA.