El Gabinete de Seguridad presentó en la Asamblea Legislativa una solicitud para reformar le Ley Especial contra el Delito de Extorsión e incorporan dos nuevas figuras delictivas: una es el encubrimiento del delito de extorsión y la otra comprende una prohibición y sanción a quienes accedan a pagar la extorsión.

"Con la primera figura, estamos levantando el bloqueo legal que impedía procesar a familiares que encubren a terroristas que cobran extorsiones. Se faculta al Estado a procesarlos, independientemente de la relación de afinidad o consanguinidad", dijo el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.

Sobre el segundo delito, Villatoro explicó: “Se les prohíbe a aquellas empresas, directivos, representantes legales catalogados como grandes o medianos contribuyentes, pagar extorsión a ninguna estructura criminal o se les sancionará penalmente", agregó.

La pena, dijo el ministro, según la propuesta presentada, será de cinco a ocho años de prisión para las empresas, directivos o representantes legales que paguen extorsión a estructuras criminales. Villatoro indicó que lo que se persigue es evitar el financiamiento a las pandillas.

Novena prórroga del régimen de excepción

Por otra parte, el ministro Villatoro, el ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, y el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, presentaron ante la Asamblea la petición de la novena prórroga del régimen de excepción

"Estamos solicitando nuevamente una prórroga al régimen de excepción, a 262 días de haber iniciado con la medida, hemos llevado tranquilidad, confianza y seguridad a la población", dijo el ministro Merino Monroy.

Por su parte, Arriaza Chicas detalló que, durante el régimen de excepción, más de 60,000 pandilleros han sido capturados y se les ha incautado más de 2,000 armas e igual cantidad de vehículos que eran utilizados para cometer delitos.