Focalización de incentivos fiscales, así como la creación de más impuestos directos y la  disminución de los impuestos indirectos (como el IVA), además de reformas al Código Penal referente al uso indebido de incentivos y beneficios fiscales, son algunas propuestas de reformas que plantea la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), con el fin de combatir la elusión y la evasión fiscal.

El estudio en el cual se basa la propuesta fue presentado por el ISD y se denomina “Informe de análisis sobre la evasión y la elusión fiscal en El Salvador”.

Ismael Turcios, investigador de delitos anticorrupción, tuvo a su cargo la exposición de dicha propuesta, la cual plantea la importancia de realizar reformas al Código Tributario para la tipificación de la defraudación fiscal cometida al amparo de regímenes de paraísos fiscales, como los Panama Papers. 

Entre las reformas al Código Penal se recomienda que se incluya como delito fiscal o como otra modalidad de delito fiscal la defraudación al fisco transnacional, ya que con ello se sancionaría el uso de operaciones financieras en paraísos fiscales.

“Los Panamá Papers son un caso evidente de estos delitos, por lo que pedimos a la Asamblea Legislativa que haga uso constitucional en cuanto a la creación de una comisión especial que investigue los casos salvadoreños. Esto traería efecto positivo para el Estado”, añadió el investigador.

Además proponen mayor control de la Administración Tributaria sobre la participación de personas naturales en empresas para detectar el uso de prestanombres que buscan simular relaciones pecuniarias encaminadas a evadir el pago de impuestos por contribuyentes. En ese sentido piden que se tenga un registro de personas beneficiarias de incentivos fiscales.

“A la Asamblea Legislativa solicitamos un rol protagónico en el combate de la elusión y la evasión fiscal y con esto aclaramos que no se trata de abolir los incentivos, sino hacer revisión de los que no deben ser otorgados o los que están siendo mal utilizados”, sentenció al investigador.

Las reformas también hacen hincapié en la obstaculización del trabajo que enfrenta  la Fiscalía General de la República en cuanto a la acción penal contra los evasores y elusores fiscales y por esta razón se pide la eliminación del requisito previo a la vía administrativa para toda forma de evasión de impuestos.

Respecto a las defraudaciones fiscales es necesario que se haga un cambio de terminología y así se evite la confusión y la incorrecta inaplicabilidad de la legislación. "De esta forma se tiene que hacer referencia a la evasión de cualquier tributo vigente", explicó Turcios.

De acuerdo al informe, la Gestión de la Evasión de Impuestos del Ministerio de Hacienda y de la Fiscalía General de la República, desde el 1 de enero de 2005 hasta agosto de 2016, se remitieron 153 casos de presuntos delitos contra la Hacienda Pública y solo 72 correspondían a la evasión de impuestos.

De esos 153 casos, 37 fueron archivados y 21 se sometieron a investigación. Se judicializaron 14 y de ellos solo dos han resultado con condenas. Nueve se sobreseyeron y a tres se les  absolvió de los cargos.