El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, dijo que uno de sus compromisos para proponer al comité que evalúa la reforma constitucional es que se consideren mecanismos de consulta popular como lo son los referéndums, plebiscitos, iniciativas ciudadanas y la revocatoria de mandato, actualmente no previstos en la Constitución vigente.

De acuerdo con lo expresado por el vicemandatario, la Constitución, concebida en medio de una guerra civil, debe actualizarse para que sea posible someter a consulta popular las grandes decisiones de país.

Ulloa expuso que en años anteriores los gobernantes o funcionarios públicos han tomado decisiones trascendentales y no se ha consultado al pueblo, como el caso de las privatizaciones de los años 90 o la dolarización en 2001.

Los referéndums y plebiscitos son procedimientos donde se les consulta a la población la toma de decisiones importantes o si se está de acuerdo con determinadas leyes o iniciativas de reformas a las mismas.

“Son importantes porque las grandes decisiones se han tomado a espaldas de los pueblos, aquí no nos consultaron si queríamos que se vendieran las empresas más productivas del Estado, la privatización de Antel, de las pensiones, no nos consultaron si queríamos que se dolarizara la economía. Los referéndums y plebiscitos son instituciones que operan en casi todos los países”, explicó Ulloa.

Sobre este punto indicó que oponerse a este tipo de mecanismos es seguir propiciando que las decisiones fundamentales se concentren en pocas personas.

“Los que se oponen a eso acá son los que están acostumbrados a que estas grandes decisiones se tomen en pequeños grupúsculos que van a salir favorecidos, después se transforman en leyes y en problemas para el desarrollo producto de procesos inconsultos”, apuntó el vicemandatario.

Las iniciativas ciudadanas tratan de que cualquier salvadoreño, en este caso, puede tener iniciativa de ley (proponer una o varias reformas), cuestión que la Constitución limita a los diputados y ministros en este momento.

Ejemplificó con una situación en Estados Unidos: “Lo vi en Minnesota, es una consulta que se le hizo a la gente donde se pone una pregunta en la papeleta, ya que había un superávit de más de $600 millones y la pregunta que se presentó era qué hacer con ese superávit, porque el gobernador quería un estadio más grande porque el estadio era pequeño, otra gente quería un supermercado más grande, otros una autopista, entonces hubo una opción que era que se devolviera a los contribuyentes  (…) se les preguntó que querían y al final se devolvió el dinero”.

En el caso de la revocatoria de mandato, que se refiere a que el soberano (el pueblo) puede remover a un funcionario que fue elegido por voto popular; en la nación norteamericana se puede quitar a gobernadores de los estados y otros funcionarios.

“En algunos estados dice (la ley) que para una revocatoria el funcionario tiene que haber estado medio período, otros exigen que haya un número de firmas que respalden, otros una caución (dinero), va variando de estado a estado”.

Necesidad de actualizarse

Para el vicepresidente el marco normativo actual necesita reformarse porque la matriz constitucional de la actual Carta Marga se concibió en 1950 con tres ajustes: 1962, 1983 y 1992.

“Ya es tiempo de actualizarla porque la sociedad ha evolucionado de forma tal que la celeridad en muchos procesos nos obliga a actualizar; muchos de los procedimientos en las instituciones se han quedado atrasados porque en 1950 no existía ni el fax, correo electrónico ni mucho menos WhatsApp, nunca nos imaginamos que íbamos a tener una ley para la firma electrónica o el teletrabajo”.

Sobre los alcances del estudio indicó que se va a analizar la Constitución desde los considerandos hasta el final de esta y se va a ir discutiendo todo, recalcando que no se buscará la reelección presidencial.

Sobre la fecha en que habría un informe final por parte de la comisión dijo que estima que sea en septiembre de 2021, coincidiendo con los 200 años de independencia.