Tras la renuncia del Comité que iba a supervisar el uso de los fondos del Gobiero durante esta cuarentena, el rector de la UCA, Andreu Oliva, enfatizó que se le ha pedido al Ejecutivo la información sobre la distribución de los 300 dólares, la entrega de semilla, la renovación de red hospitalaria, la entrega de canastas básicas y a la fecha no ha dado tales datos.

Enumeró varias anomalías observadas en las diez sesiones de trabajo del Comité: “Dentro de las dificultades están la transparencia en las transferencias monetarias directas, la entrega de los 300 dólares a las familias, sumando 400 millones de dólares. Tuvimos dificultades porque no recibimos la información, ni se plantearon varias de las funciones que se le asignaban al Comité y que en sus reuniones no se tuvieron en cuenta, por eso no se pudo realizar el presupuesto extraordinario”.

El Comité inició su labor el 30 de marzo. El vicerrector de la UCA, Omar Serrano, enfatizó que para poder proponer las estrategias se debían conocer los planes referentes a la Emergencia Nacional y la Recuperación Económica que pensaba el Gobierno “con el fin de tener el horizonte trazado en tiempo y sobre todo el alcance de dicho planes para poder tener una mejor toma de decisiones. Todavía no tenemos una copia de un plan”.

El decreto 608 aprobado por la Asamblea Legislativa establece que será el Comité el que apruebe el programa de transferencias monetarias y las características de las personas beneficiarias y los criterios de distribución, pero el Gobierno llevó a la Asamblea Legislativa una propuesta de distribución sin estudiarla con el Comité.

Dicha propuesta monetaria es para pagar 950 millones de deuda del Estado y no para usarlo como lo establece el decreto 608, que es netamente para el manejo de la pandemia por Covid-19, $600 millones para las alcaldías y $450 millones para transferencia monetarias.

Por su parte, el Gobierno emitió un comunicado anunciando la renuncia de los miembros del Comité de Emergencia, aduciendo que no quisieron someterse a transparencia público, negándose a presentar su declaración de probidad.

“No tengo ningún problema, bajé el formulario, con todo gusto lo voy a hacer. Ellos ya tienen un año de ser funcionarios, pero si ellos lo están pidiendo, es porque ya lo hicieron. Dicen que el ladrón juzga por su condición. Nunca rehuimos a eso”, remarcó Serrano.