En los últimos años, las familias que viven en comunidades ubicadas en zonas pupulosas o rurales se han convertido en blanco para operativos de allanamiento por parte de la Policía o la Fuerza Armada, quienes están autorizados para registrar propiedades en búsqueda estructuras criminales.

Con la implementación de las medidas excepcionales los procedimientos de allanamiento son legales en algunos municipios considerados de prioridad por su alta incidencia delincuencial; no obstante hay otros sectores en los que este debe ser un operativo programado.

Anteriormente, todos los operativos era coordinados por la Fiscalía General de la República (FGR) basados en el estudio de una información previa que indicaba que en la vivienda había personas reclamadas por la justicia, miembros de estructuras criminales, drogas o armas ilegales.

Entre el 1 de junio del 2014 y el 31 de mayo del 2015, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) registró 1,382 denuncias de violaciones al derecho a la seguridad personal por persecuciones o indagaciones ilegales.

Esta situación no es del desconocimiento de los jefes policiales, debido a que en sus registros se contabilizan a tres elementos de la PNC que han sido procesados por ese delito durante lo que va del año; mientras que en el año anterior la cifra de policías procesados por este delito fue de ocho, en el 2014 procesaron a nueve elementos, en el 2013 a seis y en el año 2012 un total de seis.

Estas cifras parecen contradecir las registradas en la PDDH; sin embargo un jefe policial de la zona occidental del país aseguró que las denuncias llevan un proceso de investigación en el que “se debe determinar si realmente son agentes policiales”.

Según el jefe policial los allanamientos de falsos policías han aumentado ello se debe a que las estructuras criminales consiguen uniformes policiales, se hacen pasar por agentes y con ello garantizan el ingreso a las viviendas para cometer sus fechorías.

El pasado 8 de junio se instaló la audiencia inicial en contra de siete soldados y un sargento acusados de allanamiento ilegal, privación de libertad y portación ilegal de arma de guerra, por supuestamente privar de libertad a dos menores sin autorización de la PNC o FGR.

El reporte fiscal señala que los oficiales llegaron a una vivienda ingresaron por la fuerza y se llevaron a los dos menores privados de libertad por orden de un coronel; sin embargo fueron capturados en el término de flagrancia, pues la orden no fue emitida por una persona facultada para dar ese tipo de órdenes.

Mientras el gabinete de seguridad trabaja en la planificación constante del combate al delito, para aumentar la confianza de la ciudadanía, existen elementos de la corporación policial y la Fuerza Armada que son acusados de favorecerse de sus cargos para cometer ese delito y violar los derechos de la población.