Jorge Enrique Prado Gutiérrez, William Alexander Cabezas y Juan Carlos Paz Mena fueron condenados a 50 años de prisión por el secuestro de la nieta de un vigilante, que fue violada y asesinada por que sus familiares no pagaron los $15,000 que exigían por su rescate.

Pese a que se dictaminó la condena se ha establecido que los tres imputados ya condenados van a seguir gozando de libertad condicional hasta que se presente en escrito la sentencia del juzgado especializado de sentencia "B".

Asimismo se estableció que Cabezas y Paz deberán de pagar cinco años más de prisión ya que cuando fueron detenidos se les encontró dos armas de fuego de la que no pudieron justificar su procedencia.

Cabezas no se presentó el viernes a las instalaciones del centro judicial en San Salvador, donde se les leyó el fallo luego del juicio realizado el pasado miércoles.

La fiscal a cargo del caso explicó que los procesados gozan de libertad ya que anteriormente habían sido condenados a 45 años de prisión pero que en los tiempos en los que estaba por firmar la sentencia el juez de este mismo tribunal fue removido, por lo que la condena quedó sin efecto.

"Al vencerse el plazo que la ley establece para que se realice nuevamente el juicio la Sala de lo Penal dictaminó una resolución en este caso que permitiría a los imputados gozar de libertad mientras se desarrollaba el proceso", puntualizó la representante del ministerio público quien se mostró preocupada sobre este punto.

La investigación fiscal estableció que los tres procesados fueron quienes cobraron los $500 que le exigieron a Jaime, un vigilante a quien le secuestraron a su nieta por la que exigieron $15,000 a cambio de liberarla.

Luego de recoger el dinero los tres hombres se marcharon a sus casas en la colonia Valle Verde 2 del municipio de Apopa, lugar en el que fueron vigilados por elementos de la División Contra el Crimen Organizado (DECO) de la PNC quienes procedieron con su captura hasta que Jaime fue notificado de la liberación de su familiar.

El vigilante no encontró a su familiar en el lugar indicado por los delincuentes y tardó 11 meses en localizar su cuerpo que había sido enterrado en un cementerio clandestino.