En condiciones de total insalubridad operó por años un rastro clandestino en el centro del municipio de Mejicanos, poniendo en riesgo la salud de la población y deteriorando el medio ambiente. Su propietario fue condenado a tres años de prisión -pena que cumplirá en libertad- por el tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador.

Durante cinco años, cientos de vacas y cerdos fueron sacrificados, sin verificar su salud, en  el rastro ubicado contiguo a uno de los lugares más frecuentados del municipio: "El Yucódromo", en pleno casco urbano, algo prohibido por la ley.

Su propietario, identificado como Luis Antonio Cuestas, fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) por contaminación ambiental. Este aceptó el delito a cambio de una disminución en la condenada, durante un procedimiento abreviado en el que las partes -fiscalía y defensa- estuvieron de acuerdo.

La denuncia contra Cuestas fue interpuesta por pobladores cansados del olor fétido de la carne podrida, el ruido de los animales que eran sacrificados en horas de la madrugada, las moscas y la insalubridad. La comuna envió un equipo de inspección al rastro clandestino que llevaba cinco años operando en la segunda calle oriente, en las cercanías del mercado de la localidad, el 20 de noviembre de 2015 .

Restos de carne podrida en camiones, huesos y estiércol disperso en todo el lugar. Además, algunos animales vivos fueron encontrados por los empleados municipales, señaló la jefa de la Unidad Ambiental de la alcaldía de Mejicanos.  

Sin embargo, el rastro continuó funcionando a pesar de que el dueño fue advertido sobre los riesgos a la salud de la población. Una nueva inspección por parte de expertos del Ministerio de Medio Ambiente, el pasado 20 de abril, confirmó que el negocio operaba en total insalubridad y sin los permisos que otorgan las carteras de Medio Ambiente, Salud y Agricultura.

Un promedio de seis animales eran sacrificados semanalmente; "dependía de la demanda del mercado", reconoció Cuestas; sin embargo, todo se hacía sin ningún control de calidad. 

"Quién hace constar que el animal estaba sano?", cuestionó la experta del Ministerio de Medio Ambiente, quien además informó que consumir carne de un animal enfermo puede ocasionar serios daños a la salud de una persona. Además señaló que los bovinos eran sacrificados de la forma incorrecta. "Lo hacían en el sueño" cuando debe ser colgados, apuntó.

En el negocio tampoco se contaba con un tratamiento de aguas residuales. Los empleados de Cuestas lavaban con lejía y el agua iba a parar a la calle y a los tragantes y alcantarrillas, mientras que los restos de los animales que no podían ser comercializados eran botados a la basura o enterrados en el lugar, causando serios daños al medio ambiente.

Cuestas dijo que el negocio se lo heredó por su padre y reconoció que no tenía las condiciones de salud mínimas. También dijo que nunca tramitó los permisos necesarios para funcionar, debido a que le informaron sobre la prohibición de ley que tienen estos negocios para operar en el casco urbano. Por ley, los rastros solo pueden operar en un rango de 500 metros de la zona urbana.

El imputado declaró el delito ante la jueza Cuarto de Sentencia que aceptó el procedimiento abreviado y lo condenó a tres años de prisión -la pena mayor es de ocho-, pero cumplirá dicha condena en libertad, con restricciones como no poder acercarse al lugar donde funcionó el rastro clandestino y  prohibirle dedicarse al destazo de animales de forma ilegal.

De incumplir dichas restricciones será enviado a prisión.