De acuerdo con datos de la Dirección General de Centros Penales (DGCP), cada privado de libertad le cuesta al estado diariamente $4.35, por lo que los costos al día de toda la población recluida se eleva hasta los $174,000.

El director de Centros Penales, Marco Tulio Lima, explicó que actualmente en el sistema penitenciario hay un poco más de 40,000 internos y que los gastos de alimentación diaria de cada uno de ellos es de $2.70, más los gastos corrientes que tiene cada centro penal por cada interno que es de $1.65, para completar los $4.35.

Al multiplicar las cifras se obtiene que en alimentación se gasta diariamente $108,000 y otros $66,000 en gastos corrientes para un total al día de $174,000. La cifra se eleva hasta los $63,510,000 cuando se multiplica por los 365 días del año.

“Esas son cifras que cada año van en aumento, porque cada año se incrementa la población, el año pasado finalizamos con 38,000 internos y este 40,000. Y tenemos cerca de 2,500 que tenemos que trasladar de las bartolinas policiales”, indicó en la entrevista de Frente a Frente.

Sobre esta población que se espera añadir, dijo que podrían ser trasladados el próximo mes, por lo que al final la administración del presidente Salvador Sánchez Cerén, el próximo primero de junio, la cifra quedaría con más de 42,500 reos.

“Cumplir las penas en prisión requiere un gasto muy alto para el Estado, no solo en el tema de alimentos porque hay que ver el tema de la salud, educación, el trabajo, los salarios de los trabajadores, los movimientos a los tribunales, es un costo altísimo. El Salvador tiene la tasa más alta de encarcelamientos de América Latina”, dijo el funcionario.

Reflexionó que por los costos se deben buscar alternativas que permitan reducir lo que se tiene que pagar por el uso de la prisión. También cree que en el país se ha hecho uso “exagerado” de la misma. 

Dijo que se tienen conversaciones con el sistema judicial para buscar medidas alternativas a la cárcel y es ahí que se debe promover el tema de los brazaletes en los reos. El Ministerio de Seguridad adquirió un grupo de estos aparatos, pero no se están utilizando todos.

“Estamos en un proceso de adaptación de la tecnología, porque la tecnología no entra en la práctica a la sociedad de un solo, se va aprendiendo, viendo los beneficios y tomando confianza. Hay muchos jueces, principalmente de San Miguel y Usulután; Santa Ana, San Salvador que los están empezando a utilizar.

“La prisión se debe reservar para delitos graves, para aquellas conductas violentas, para aquellos inadaptados que merecen estar en una prisión”, dijo.