Una familia migueleña se encuentra a punto de ser desalojada de su vivienda luego de  hipotecarla para invertir el dinero en una empresa manejada por un boliviano que -inesperadamente- desapareció  del país. La semana pasada, Fiscalía allanó y desalojó las oficinas donde operaba la empresa Sultán, propiedad del sudamericano Santiago Miranda.

La familia Guerra proyectó sus esperanzas en la prometedora empresa manejada por el supuesto hombre de negocios, quien con tratos amables se ganó su confianza al punto que le entregaron más de $100,000.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado las investigaciones en este caso, allanando y desalojando el inmueble ocupado por Sultán SA de CV. Pese a ello, la incertidumbre de los estafados continúa.

Los días de estabilidad financiera de la familia Guerra se terminaron cuando Miranda apareció en sus vidas para dejarles  una deuda impagable,  la cual -según ellos- les hará quedarse viviendo en la calle.

“La cuota que tenemos es impagable y ahora ya solo esperamos a que el banco nos diga que tenemos que desalojar”. Así resume su situación actual Silvia Guerra, una de las afectadas.

Un negocio atractivo

Cuando Sultán llegó a San Miguel, los Guerra se vieron atraídos por la oferta que la empresa promovía, además de ver que los primeros inversionistas obtenían las ganancias prometidas por el boliviano.

Silvia es  una profesional en medicina y fue la primera de su familia en conocer la oferta de Sultán, luego de que una amiga le contara lo bien que le había ido invirtiendo su dinero y pese a tener poco conocimiento en el mundo de las finanzas.

“Los bancos más generosos ofrecen el 9% por depósitos a plazos y ellos ofrecían hasta el 18%. Así fue como acapararon gran parte del mercado”, relató la afectada.

“Yo invertí $2,700, que en cinco meses y gracias a las ganancias se me convirtieron en $4,600 y esos los iba a dejar para otros cinco meses para llegar a los $12,000”, recuerda la mujer, quien obtuvo ese dinero producto de ahorros personales y préstamos.

Los planes de Silvia eran tener el dinero para generar ganancias por un plazo de un año, lo que le permitiría llegar a  $12,000, cantidad con la que tenía previsto realizar su boda y amueblar la casa en la que viviría junto a su esposo.

El primer depósito a plazo de Silvia sirvió de prueba para el resto de su familia, quienes al ver que su dinero se duplicó no dudaron en comenzar a recolectar la mayor cantidad de dinero para llevarlo a las manos de Miranda.

El mayor movimiento lo hizo el padre de los Guerra, quien hipotecó su casa a un banco para obtener más de $100,000, los que asumió que se iban a pagar solos, con las ganancias obtenidas por dar el dinero a plazo. 

El resto de hermanos del núcleo familiar optaron por abrir cuentas en las oficinas manejadas por Miranda, quien siempre los recibía con mucha amabilidad, mostrando transparencia en sus acciones; algo que ahora dicen entienden era parte de su estrategia de estafa.

“El hecho de tener el dinero y las ganancias a la mano, con la opción de poder retirarse, nos daba confianza y era imposible pensar en una estafa”, recuerda Silvia, quien ahora se lamenta de haber motivado a su familia.

“Ahora solo estamos esperando que pase el tiempo en el banco para que nos vengan a embargar”, relata frustrada, y pide a las autoridades que aunque no recupere el dinero localicen a Miranda y lo envíen a prisión.

El caso se encuentra en la Fiscalía

Luego de que se presentaran las primeras denuncias, la Fiscalía General de la República allanó y desalojó las instalaciones usadas por el estafador para recabar información que les permita dar con el paradero de Miranda.

“Nosotros ya quedamos como víctimas, estafados, solo queremos ver en prisión a ese sujeto y a quienes lo ayudaron”, expresa Silvia, quien dice no tener claro aún su futuro económico.

Hasta el momento el único con el que cuentan los afectados es que Miranda abandonó el sábado antepasado el país con rumbo desconocido, aunque se sospecha que se encuentra en los Estados Unidos.

Los fiscales a cargo del caso solicitan a todos los afectados que se presenten a sede fiscal para interponer una denuncia contra el boliviano.