• Diario Digital | domingo, 14 de agosto de 2022
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Sucesos - fiscal douglas meléndez

FGR confirma investigación contra Belarmino Jaime, su hijo y un hermano del ministro de Hacienda por supuesta evasión de $6,000,000

El Grupo Centroamericano de Telecomunicaciones habría evadido $2,791,000; mientras que IP Holding’s $3,212,000.

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Ministerio Público en conferencia de prensa donde anunció investigación por evasión fiscal. Foto: Diario El Salvador Times
FGR confirma investigación contra Belarmino Jaime, su hijo y un hermano del ministro de Hacienda por supuesta evasión de $6,000,000

El fiscal general de la República, Douglas Meléndez, confirmó una investigación contra el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Belarmino Jaime, por una supuesta evasión de impuestos por más de $6,000,000 desde una empresa en la que figura además uno de sus hijos.

“Estamos iniciando la investigación”, señaló Meléndez, a la vez que detalló que recibieron hace unas semanas dos informes del ministerio de Hacienda en el que se señalaron las irregularidades.

El funcionario señaló que las empresas Grupo Centroamericano de Telecomunicaciones e IP Holding’s están vinculadas y que en el primer caso se habían evadido $2,791,000, mientras que en el segundo $3,212,000. “En este momento se han nombrado fiscales y se ha abierto la investigación”, aseguró.

Meléndez señaló que además de la familia Jaime también aparece vinculado un hermano del ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, y dijo que la Fiscalía analiza la estrategia para sustentar las investigaciones.

Según la presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, Digicel fue la que alertó a la Fiscalía sobre la posible evasión de impuestos por la empresa de Jaime, mediante la cual ARENA recibió donativos para campañas políticas, aseguró.

Por su parte, el magistrado Jaime ha manifestado sentirse acosado por haberse dado a conocer la situación que enfrenta junto a sus familiares.

El reporte dice que la empresa del magistrado habría evadido impuestos provenientes de la retención de $0.04 por minuto de llamadas internacionales entrantes, un cargo que se aplicó durante un tiempo en 2014 pero que después fue declarado inconstitucional.

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