El Gobierno de El Salvador ha retomado la iniciativa que pretende que las comunidades del país puedan organizarse y crear sus propios planes de seguridad para hacer frente a los grupos criminales, los cuales sería apoyados por la Policía Nacional Civil (PNC), una propuesta que según algunos sectores podría ser contraproducente toda vez que consideran que podría empoderar demasiado a los ciudadanos y tomar la justicia en sus manos.

Amparado en el argumento que la organización en las comunidades "es un proceso natural”, las autoridades buscan que sean los mismos pobladores los que retomen la primera responsabilidad de la seguridad, ya que son los mismos habitantes los que conocen el entorno, los problemas y necesidades de primera mano. Sin embargo, hay voces disonantes que explican que este tipo de medidas podría salir de control y permitir algunos abusos de quienes se sienten amenazados.

Según miembros del gabinete de seguridad, los más indicados para detectar los focos de amenaza en las comunidades son los propios habitantes, quienes luego de analizar la situación puedan ser capaces de plantearse soluciones a corto y largo plazo y estar organizados les daría la facultad de solicitar fondos a instituciones y la cooperación internacional para mantener sus planes.

En la actualidad ya existe algún tipo de organización en algunas comunidades y colonias que han tomado acciones propias como procurar la seguridad con la colocación de portones y en otras partes la contratación de vigilantes, mientras otras se han convertido en informantes de la Policía sobre la situación de violencia en las colonias, señaló el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde.

"La comunidad ya es una fuente de información, es decir, la gente colabora con la Policía, le informa de los hechos que ocurren, denuncia los hechos de los que son víctimas y todo eso ayuda al trabajo de seguridad porque permite conocer más como está la situación de un sector o de una comunidad", detalló Ramírez. ­­

Para el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, son los ciudadanos honrados los que deben llevar el rumbo de las acciones y procurar que generen bienestar entre los habitantes y “la única manera de sostener la seguridad es que la gente cuide sus territorios, es que los ciudadanos hagan el lugar suyo, es que hagan suya la seguridad, porque no es un asunto de la policía, es un tema de todos”.

Aunque el Gobierno insiste en descartar que se trata de armar a las comunidades, señala que las facultades legales de autodefensa ya están establecidas por ley. “Un ciudadano puede capturar a un delincuente, puede portar un arma de fuego, la ley establece cuales son los requisitos para ello y establece las prohibiciones y las facultades que se tienen al respecto, es decir, el marco legal ya está definido, no se trata de ir más allá de ello”, explicó Ramírez Landaverde.

Antes hay que sanear las comunidades

Sin embargo, algunos actores políticos advierten que para promover esa iniciativa se debe tomar en consideración que en muchos de esos sectores hay pandilleros y personas que continúan delinquiendo y el empoderar a las comunidades puede generar un enfrentamiento interno; “hay que extraer a los pandilleros”, advirtió el diputado por el partido ARENA, Rodrigo Ávila.

El Salvador Times consultó a un habitante de la colonia Atlanta de San Ramón, Mejicanos, para plantearle la posibilidad de armarse para evitar la delincuencia y las pandillas. “Hay quienes se sentirían seguros si andan armados, pero hay otras que no, yo no; más que en esta colonia y en otras hay pandilleros que hacen lo que sea para conseguir armas, entonces lo van a matar a uno, eso le hacen a los vigilantes” explicó un habitante de esa zona.

Sin embargo el gabinete de seguridad no considera esa situación como una opción debido a que la alianza es para establecer planes de trabajo con las directivas de las comunidades y colonias y definir el rol que le compete a cada quien, según Ramírez. "Precisamente ya habría una alianza para trabajar con planes, con una buena comunicación donde se establece que es lo que le corresponderá hacer a cada quien", explicó.

Para evitar que los ciudadanos abusen del empoderamiento que tendrán y vayan a cometerse acciones fuera de la ley, el Gobierno dice que realizará un registro de las directivas de cada colonia en las que no pueden participar personas que tengan pendientes con la ley o sean afines a las pandillas.

"A la Policía le corresponde también mantener la seguridad y eso tiene que ver con alguna persona que se dedique a actividades que estén fuera de la ley, que independientemente que estas sean para prevenir el delito o colaborar con la ciudad también tienen que estar dentro del marco de la ley", apuntó el minstro.

La insistencia del gobierno en organizar a las comunidades es que eso les daría la facultad de autogestionar sus proyectos y eso incluye desde hacer esfuerzos económicos entre los mismos habitantes, así como poder solicitar fondos de cooperación a instituciones o a la comunidad internacional.

Aunque las necesidades en las comunidades pueden variar, el ministro de Justicia asegura que algunas las acciones que pueden gestionar son la "colocación de puestos de la policía, así como el fortalecimiento de la policía en su sector o que sean desplegadas patrullas en su comunidad”; y añadió otras mejoras de infraestructura como iluminar las colonias y los espacios públicos para que puedan ser utilizados por la comunidad.

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