• Diario Digital | jueves, 19 de mayo de 2022
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Sucesos - En audiencia preliminar

Raúl Mijango: FGR está judicializando una política pública

El exdiputado además señaló que ninguno de los procesados actuó con criterio propio, sino acatando indicaciones.

The Secretary of Multidimensional Security at the Organization of American States (OAS) Adam Blackwell (3rd R) attends along with (L-R) political analyst Paolo Luers, economist William Pleitez, entrepreneur Antonio Cabrales, El Salvador's military chaplain bishop Fabio Colindres, and mediator Raul Mijango a press conference after announcing the creation of a committee to improve the conditions of overcrowded prisons and support a gang truce, in San Salvador, on September 1, 2012. Jailed Salvadorean gang leaders from Mara Salvatrucha (MS-13) and Mara 18 (M-18) arranged a truce in March that, according to official data, helped lower average daily homicides in the Latin American country from 14 to 5.6, although local academic sources say the decline is insufficient to assess the effectiveness or sustainability of the truces.   AFP PHOTO/Juan CARLOS / AFP PHOTO / Juan CARLOS
Fotografía AFP
Raúl Mijango: FGR está judicializando una política pública

El exdiputado, Raúl Mijango, quien es acusado de ser el principal mediador con las pandillas durante la tregua sostiene que en el proceso de pacificación no hubo delitos y acusó a la FGR de querer judicializar una política pública.

"Aquí, no hay ningún secreto. Se impulsó un proceso de pacificación que buscaba reducir la violencia y hubo una política pública de parte del Estado y del Gobierno que decidió acompañar y facilitar el proceso", reveló Mijango.

Según el procesado, una política pública no puede constituir un delito y agregó que considera que detrás de la acción acusatoria de la Fiscalía hay una motivación "política".

En el momento en que ejerció su derecho a la última palabra, Mijango aseguró que lo respaldan 45 años de experiencia política y que tiene lesiones en su cuerpo que lo comprueban y con lo cual demuestra estar dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias, "por buscar lo mejor para el país", expresó.

​"Si buscar una solución al principal problema que aqueja el país -la violencia- es un delito, entonces me declaró culpable", expresó Mijango.

El procesado aprovechó para solicitar a la jueza que llamara como testigos al vicepresidente de la República Óscar Ortiz; y al alcalde de Ilopango, Salvador Ruano, quienes como jefes edilicios de Santa Tecla e Ilopango; respectivamente y durante los períodos correspondientes, fueron testigos de los primeros dos municipios declarados libre de violencia como consecuencia del proceso de la tregua.

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