La entrega se realizó como parte de la fase 3 del del Plan Control Territorial denominada "Modernización", que ayudará a cambiar parte del armamento el cual ya cumplió su vida útil.
Las investigaciones han dado indicios de que ninguno de los tres labora en esa institución de Gobierno. Los tres serán acusados por estafa y uso y tenencia de documentos falsos.
Su cuerpo fue levantado y trasladado a Medicina Legal en donde le realizarán la autopsia.
A Lucero se le acusará de agrupaciones ilícitas y, de ser encontrado culpable en juicio, podría ser condenado con hasta 30 años de cárcel.
Henríquez va a ser acusada ante la justicia de hurto por medios informáticos.
Los detenidos cobraban entre los $200 y $800 por el alquiler en los ranchos de playa. Todos van a ser acusados por el delito de estafa.
La víctima, de quien aún no se tiene la identidad, murió de una enfermedad natural, según las hipótesis.
