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Carta al Compañero Presidente Salvador Sánchez Cerén

Carlos Bucio Borja | Escritor

El Salvador Times | 12 de Diciembre de 2018

Estimado Señor Presidente, Compañero Ciudadano:

Nos acercamos a las navidades y las últimos meses de su gobierno. Con su histórica y heroica lucha, el FMLN hizo efectivos los valores consagrados en el espíritu y eventos emancipadores de 1811, 1821 y los esfuerzos liberales y revolucionarios de los siglos XIX y XX. Para ello, nuestro Partido histórico ofrendó miles de sus heroicas y sagradas vidas.

Independientemente de quién gane las elecciones presidenciales el próximo 3 de febrero o 4 de marzo de 2019, creo que en el futuro, historiadores y académicos —y espero que también el pueblo salvadoreño— valorarán su gobierno como uno en el que se obtuvieron importantes avances en cuanto a la disminución de la desigualdad social. La medición del índice Gini así lo demuestra. Otro tanto ocurrió en cuanto a la casi erradicación del analfabetismo.

A pesar de mi reconocimiento de los importantes logros de nuestro gobierno, y si bien soy simplemente un ciudadano más, debo —por razones éticas— expresar mi disentimiento en cuanto a su posición en torno a la actual situación política en Nicaragua. Una situación que yo defino como el secuestro de la nación nicaragüense, su Estado y el FSLN mismo, por parte  de un régimen que francamente ha desarrollado un carácter dictatorial, y hasta neofascista, impulsando políticas que solo benefician a unas cuantas familias favorecidas por el gobierno. Existen más de mil personas desaparecidas, más de 300 asesinatos políticos —entre ellos, niños—,  y más de 600 prisioneros y prisioneras políticas (en realidad, en situación de secuestro, pues fueron capturadas contraviniendo las normas constitucionales de la república nicaragüense) desde que iniciaron las protestas contra las reformas neoliberales del seguro social en Nicaragua el pasado 18 de abril. Uno de los más recientes hechos ha sido el secuestro y posterior despojo de su ciudadanía y destierro, de la revolucionaria, feminista y activista histórica de la población LGTBI, Ana Quirós, el pasado 26 de noviembre. Este atropello violó los artículos 17, 20 y 27 de la constitución política nicaragüense. El régimen de Ortega y Murillo viola constantemente el artículo 54 —y otros— de la misma carta magna desde que inició la actual vorágine de terror estatal —una vorágine contrarrevolucionaria— en Nicaragua. Múltiples organismos de derechos humanos, informes periodísticos, así como indagaciones especiales que he hecho respaldan mi denuncia. La evidencia contra el régimen de Ortega y Murillo y su canalla propaganda mediática es abrumadora, y la “normalización” del secuestro de Nicaragua, inaceptable.

Mi postura sobre la actual situación en Nicaragua es la misma de decenas de intelectuales y revolucionarios latinoamericanos y al rededor del mundo, incluyendo Pepe Mujica, lo mismo que la mayoría de revolucionarios históricos del FSLN, entre estos el General Humberto Ortega, hermano del dictador nicaragüense. El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) y el Movimiento Socialista de los de Argentina (MST), Podemos, entre otras organizaciones de izquierda revolucionaria en América Latina y España mantienen posturas afines a la que expongo en estas líneas.

Otro caso similar ocurre en Honduras con el gobierno de Juan Orlando Hernández, cuyo régimen neoliberal, corrupto y vinculado a bandas criminales, mantiene decenas de prisioneros políticos, entre ellos el activista de derechos humanos Edwin Espinal. El régimen de ilegitimidad, opresión y corrupción del gobierno de Hernández propició las actuales —y muy probablemente próximas— caravanas hacia los Estados Unidos.

Los actuales status quo en Honduras y Nicaragua son inaceptables, producen inestabilidad y entorpecen las aspiraciones federativas en la región. La persecución, desaparición, el encarcelamiento y el asesinato de miles de ciudadanos por razones políticas —ciudadanos y ciudadanas que en su inmensa mayoría son estudiantes, trabajadores y campesinos— no es democrático, no es socialista y no es revolucionario, sino todo lo contrario.

El Salvador debe de contribuir con el gobierno de Costa Rica a que nuestras repúblicas hermanas recuperen sus procesos democráticos, y para ello se debe recurrir a la búsqueda de una solución institucional, pacífica y democrática a través del Parlamento Centroamericano, así como cualquier otro esfuerzo diplomático multinacional relevante que vaya más allá de la retórica o el panfletarismo, y que excluya a los Estados Unidos, dado su historial imperialista en el istmo, y el carácter francamente canalla del gobierno del presidente Donald Trump. No hacerlo prolongará y complicará la desestabilización y obstruirá el histórico sueño de integración centroamericana.

Además de que contribuir a la recuperación de los procesos democráticos y constitucionales de Honduras y Nicaragua sería la posición histórica y revolucionaria correcta, contribuiría también a sumar votos a nuestra fórmula presidencial. Creo que si nuestro gobierno no asume esta postura respecto a los regímenes irregulares de Honduras y Nicaragua, el electorado salvadoreño rechazará al FMLN el próximo 3 de febrero.

Expongo mi posición respecto a la actual estado de cosas en Honduras y Nicaragua —una posición revolucionaria— como ciudadano que votó por usted con absoluta convicción el 2 de febrero y el 9 de marzo de 2014; convicción que defendí, defiendo y defenderé hasta el último segundo de su gobierno. Así, solicito los buenos oficios de su cargo para promover a la brevedad posible soluciones constitucionales a las actuales crisis de Honduras y Nicaragua. Pero además, abogo porque estas soluciones involucren diálogos nacionales con garantes internacionales que garanticen mínimamente la liberación de todos los prisioneros políticos, el esclarecimiento de todos los hechos de violencia por todas las partes involucradas mediante el establecimiento de comisiones de la Verdad constituidas por expertos internacionales e imparciales; y la posterior justicia sin impunidad, atendiendo al espíritu y contenidos de las constituciones de Honduras y Nicaragua, sin que estas sean manipuladas. Pienso en comisiones de la Verdad similares a la que se instituyó en 1992 en El Salvador después de firmados los Acuerdos de Chapultepec.

Nuestro gobierno debe auspiciar e incidir para que las crisis de Honduras y Nicaragua no se intensifiquen, y no se repitan, así, los ciclos de injusticias, inestabilidad y violencia política de los siglos XIX y XX en la región centroamericana que condujeron a dolorosas guerras civiles.

***

Quiero también quiero llamar su atención respecto a otro asunto. Éste, uno que impacta de manera más directa a la nación salvadoreña.

Desde hace más de un mes se han estado organizando caravanas de migrantes centroamericanas, conformadas principalmente por miles de personas hondureñas y salvadoreñas. Entre ellas cientos de niños y menores de edad. Al menos tres caravanas ya partieron hacia los Estados Unidos, y una de ellas, conformada por decenas de mujeres y niños ya fue atacada con gases tóxicos por el ejército de los Estados Unidos. Esta última acción contravino convenios internacionales de protección a la niñez suscritos por el gobierno de los Estados Unidos. Mientras escribo estas líneas y usted las lee, otras caravanas de migrantes centroamericanos se están organizando en nuestra región. Esta situación no puede menos que definirse como crisis, pero está concatenada con una situación más estructural y compleja: la de los 200 salvadoreños que diariamente salen a consecuencia de la pobreza y la violencia en el país, el resultado de las políticas neoliberales imperantes en el país desde hace al menos unos 25 años.

Y aunque esta oleada migratoria se organizó inicialmente en Honduras a partir de la desesperación de sectores de su ciudadanía que escapa al régimen económico neoliberal y la corrupción del gobierno ilegítimo que les oprime, creo que el Estado salvadoreño debe considerar a toda la población migrante centroamericana de estas caravanas como propia: compatriotas centroamericanos. Nuestras repúblicas tienen historia y problemas comunes. Y también aspiraciones comunes: la justicia, el bienestar y la dignidad social. Pero además, la unión federal de la Gran Patria centroamericana es un principio consagrado en nuestras constituciones.

Aspectos cruciales que han propiciado la actual crisis se han estado incubando en nuestra región durante décadas, y son parte de la realidad diaria de miles de salvadoreños: la precariedad social, política y económica de millones de proletarios y lumpenproletarios abandonados ante el triunfo y reino del neoliberalismo como modelo económico. Este conglomerado social constituye  hoy la principal fuente de una nueva clase social que germina en El Salvador y el mundo —aunque aun sin consciencia de sí misma—: el precariado, cuya mayor posesión y abolengo no es sino su capacidad e instinto diario de sobrevivencia, principalmente en la informalidad, semi informalidad y/o marginalidad.

Con el triunfo del neoliberalismo, el capital y su reproducción se reifican por sobre el bienestar y la justicia social de los humanos y la naturaleza. La economía es utilizada por el capital como un “motor” para dicha reificación, y no como un campo y herramienta analítico de las ciencias sociales y el humanismo para la promoción de las personas en su calidad ciudadana y la conservación de la naturaleza, sino como la explotación de éstas como meras mercancías, reproducción de mercancías, capital variable y consumidores de otras mercancías. Así, el Estado abandona su responsabilidad histórica respecto a su contrato social y la delega en las “supuestas bondades” del capital, que a su vez se encarga de la más sórdida y abyecta alienación de la ciudadanía. En este proceso, el capital —y en particular el gran capital, en el actual periodo bajo el modelo neoliberal— subyuga los derechos humanos y los deberes del Estado a sus intereses, transformando a la ciudadanía en capital variable, mercancías, consumidores y parias, sistemáticamente programados para el exceso de consumo y desperdicio.

Al hacer prevalecer su reificación, el capital logra que el Estado relegue a un segundo plano —ipso facto— al ser humano y la justicia social —y al contrato social entre el Estado y la ciudadanía—, imponiendo sus intereses y el actual orden de injusticia, alienación y disfuncionalidad sistemática a nivel mundial. En el caso salvadoreño, este sistema y modelo económico que coopta y viola el artículo 1 de nuestra constitución política, en cuanto que esta establece de manera explícita que:

“es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social”.

Como resultado del abandono de su responsabilidad social por parte del Estado durante los gobiernos de Arena —los cuales añadieron, además, el componente de un sistema de corrupción que “normalizaron” y que incluso tornó en mercenarios, lacayos y cachiporristas a miembros de la intelectualidad—, en El Salvador se incubaron, desarrollaron y se hicieron endémicas las pandillas Mara Salvatrucha, Barrio 18, Barrio 18 “Revolucionarios”, Barrio 18 “Sureños”, Mao Mao y otras. Éstas, ante el poder propio acumulado —por décadas de ausencia de políticas sociales preventivas—, se transmutaron en organizaciones criminales nacionales y transnacionales, se politizaron de manera muy sofisticada, crearon mecanismos de inteligencia propios, y hasta cultivaron sus propios intelectuales orgánicos.

Los gobiernos del FMLN, a pesar de su intento por devolver al Estado su responsabilidad histórica —de manera precaria, en el contexto de una severa recesión económica mundial y la endemia de las pandillas y bandas criminales cosechadas por el modelo económico vigente durante los anteriores gobiernos de Arena—, no han logrado hasta el momento doblegar o domesticar el neoliberalismo. Debido a ello, no se ha logrado desprecaretizar la economía, la sociedad, el Estado, ni la política. Y a esto ha contribuido la falta de densidad en la formación académica y cultural, debido —precisamente— a la precariedad reinante bajo el manto de la banalidad y la gratificación inmediatas, constantes y pasajeras que infecta a todas las clases sociales bajo el neoliberalismo.

El neoliberalismo ha impulsado la precarización de los trabajadores y una mayor concentración de la riqueza a nivel mundial. Esto es así aun en los países desarrollados, al punto que algunos analistas y académicos consideran que la humanidad está entrando en una nueva etapa feudal. Tal situación y la concentración de la riqueza se agudizarán los próximos lustros y décadas con el desarrollo de la Cuarta Revolución Industrial —bajo la cual se estima que hasta un 45 % de la fuerza laboral (o capital variable) en los países desarrollados podría ser desplazada por super computadoras y robots, suplantando los empleos de obreros, analistas, y personal administrativo y de servicios—. Así también se prevé el aumento de la temperatura global en 4 grados centígrados debido al cambio climático propiciado por la acción humana los últimos dos siglos —bajo el régimen capitalista—, en particular los últimos cien años. De esta manera, el capitalismo se encuentra en una etapa de transición, en la cual pronto el sistema para reproducirse no necesitará más de los trabajadores, y dispensará además de gerentes e intelectuales; de manera tal que alrededor del mundo millones de personas desempleadas o desplazadas de sus antiguos empleos se convertirán en estorbo o bagazo del sistema, mientras las condiciones para la sostenibilidad humana entrarán en una aguda crisis debido al severo calentamiento global.

La exacerbada alienación producida por el neoliberalismo en El Salvador y América Central durante más de 20 años ha resultado en análisis y acciones sin la densidad necesaria para desprecarizar nuestra realidad económica y social bajo este modelo económico.

De esta limitación analítica han pecado aun la mayoría de líderes y cuadros revolucionarios, tecnócratas, y hasta nuestra misma precaria intelligentsia. Sería ingenuo —o hasta malicioso, si se recurre a la demagogia— proponer que el neoliberalismo será erradicado en cuestión de días, semanas, meses, o hasta un lustro. Pero lo que sí podemos y debemos pensar —y ejecutar— es la implementación de políticas económicas y sociales que desprecaricen el régimen económico. Esto involucra lluvia de ideas, y su articulación, tanto por parte de nuestros intelectuales, funcionarios y tecnócratas; así como la implementación de estudios especializados que evalúen su factibilidad de dichas propuestas. Este es el principal reto revolucionario en el actual momento histórico de la nación salvadoreña y centroamericana.

El momento de grave regresión política que está viviendo América Central en Honduras y Nicaragua potencia aun más la actual crisis migratoria centroamericana. Y a pesar de que los efectos tóxicos del neoliberalismo no podrán resolverse pronto, es la responsabilidad moral de nuestros Estados y sociedades civiles procurar la pronta resolución de la crisis humana de las caravanas centroamericanas, tomando en cuenta que muy probablemente, debido a las razones que he esbozado arriba, en las próximas semanas o meses se configuren nuevas oleadas migratorias hacia el Norte, precariamente organizadas.

Aunque los medios locales e internacionales ya no están informando con tanta intensidad sobre la situación de las caravanas, la crisis humanitaria se mantiene y se podría complicar. Por el momento hay reportes de que una tercera parte de los 6 mil refugiados centroamericanos, asilados en albergues improvisados en condiciones de insalubridad y precariedad, están enfermos, padeciendo principalmente enfermedades gastrointestinales y respiratorias, aunque también se han detectado casos de VIH.

A su vez, es importante resaltar  y agradecer la generosidad del nuevo presidente de México,

Andrés Manuel López Obrador, quien ha ofrecido empleo a los migrantes de las caravanas centroamericanas actualmente en suelo mexicano. A este respecto el gobierno salvadoreño podría apoyar la iniciativa, proponiendo, además, jornadas de trabajo bilaterales a las que posteriormente podrían integrarse otros representantes de Estado centroamericanos con el fin de articular ideas orientadas a contrarrestar los flagelos precarizantes del neoliberalismo en la     región. El presidente López Obrador mismo está determinado a desmantelar dicho modelo en la economía mexicana. Su iniciativa político-económica podría ser incorporada a la realidad salvadoreña, pero considerando las características específicas y diferencias de las economías de México y Centro América. Estas jornadas tendrían un símil histórico en las rondas de trabajo multilateral del Grupo Contadora durante las guerras civiles centroamericanas que se establecieron con el fin de reducir progresivamente los conflictos bélicos de los años 80, y eventualmente establecer acuerdos de paz permanentes entre las partes beligerantes.

El Salvador cuenta con una excepcional red de apoyo consular norteamericana que se estableció durante los gobiernos del FMLN. Esta red consular debería de activarse de manera móvil en Tijuana y posiblemente otros puntos de paso o fronterizos para tratar de manera extraordinaria la presente crisis. Mujeres, niños y personas de la tercera edad, necesitan apoyos de salubridad y sanitarios especiales, por lo cual, consultando previamente  al gobierno mexicano se debería de considerar la necesidad de intervención de organismos de las Naciones Unidas, en particular el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

Con entera franqueza, creo que si su administración promueve y pone en acción las ideas que he expuesto arriba, tanto su gobierno como el FMLN elevarían su posicionamiento moral en la región, así como sus conquistas históricas.Y contribuirán al triunfo de la que considero es la mejor fórmula presidencial en la actual contienda: Hugo Martínez y Karina Sosa.

Permítame despedirme, enviándole un fuerte abrazo revolucionario, felicitándole nuevamente por los logros de su gobierno, y deseando para usted y su familia una muy feliz Navidad.

¡El Pueblo Unido Vencerá!

 

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