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Se propone, entre otras enmiendas, que los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusen de su conocimiento o arte para causar un aborto o cooperen en ello sufran inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena impuesta.

Dijeron que el fin es disminuir la burocracia, la sobrelegislación y ordenar el Ministerio de Salud en materia jurídica.

La decisión se produce siete meses después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció que las parejas homosexuales tienen los mismos derechos que las parejas heterosexuales.

Partidos políticos que dieron sus votos a la reforma se sumarán a la derogación del decreto. La Sala de lo Constitucional recibió dos demandas en contra de la disposición.