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Según la Fiscalía, las tarjetas de crédito y débito que le decomisaron eran de bancos que operan el El Salvador como el Davivienda, Cuscatlán, Agrícola y Fedecrédito, además de otros de Honduras.

El imputado entregaba copias de documentos recibidos aparentemente por empleados del Ministerio de Educación, y para convencer a la víctima usaba sellos húmedos falsificados. La víctima advirtió que él sabía que había como unas 20 víctimas más.

Cinco personas judicializaron este caso; sin embargo, solo tres se hicieron presentes al juicio, por lo que la mujer fue condenada a dos años por cada víctima.