Las autoridades indicaron que esta estructura reclutaba a las víctimas con engaños de hacer otro tipo de trabajos, pero luego eran llevadas a centros nocturnos y las obligaban a prostituirse.
La acusada, Erika Márquez Serpas, habría promocionado "servicios sexuales a través de redes sociales", aseguró la FGR. Además, "sometía a tres personas a ofrecer estos servicios sin remuneración".
Según las investigaciones, una joven llegó al club en busca de trabajo y fue admitida. La víctima denunció que fue violada y explotada sexualmente. No le pagaban y no le permitían salir del lugar.
Enfrentan 32 cargos por posesión de pornografía infantil; uno de ellos admitió que “tenía adicción a la pornografía infantil”.
La secretaria de Inclusión social adelantó que en los próximos días se conocerá la identidad de este político y que es un secreto a voces.
En las calles del vecino país es común ver niños realizando trabajo callejero, algo que en casí todos los casos es un negocio del que son víctima los indígenas.
