Luego de haber logrado ahorrar una cantidad suficiente para poder adquirir un vehículo, Juan L. R. decidió buscar en Internet una opción que se adecuara a su presupuesto, por lo que en la primera semana de julio de 2015 ingresó al portal de compraventa de productos OLX para encontrar un automotor de su interés.

Uno de los anuncios, en el que se promovía un vehículo tipo sedán año 2008, llamó la atención de Juan, así que decidió contactar al vendedor para intentar negociar.

José Isaías Vásquez fue quien respondió la llamada del entusiasmado comprador. Luego de definir detalles acordaron reunirse en una gasolinera ubicada en el paseo General Escalón, en San Salvador, donde cerrarían el negocio.

El 11 de julio de 2015, Vásquez, quien se identificó como un estudiante de la Universidad de El Salvador, se presentó al lugar de la cita acompañado de una mujer de aproximadamente 25 años, según se dio a conocer en la audiencia de vista pública desarrollada por el Tribunal 4° de Sentencia.

Juan y el supuesto estudiante llegaron a un acuerdo de venta: $7,000.

Tras realizar las gestiones debidas en una agencia bancaria y el traspaso de compra-venta respectivo, el interesado obtuvo su vehículo y el vendedor su dinero.

La estafa y el robo

Luego de circular nueves meses en el vehículo, el 8 de abril de 2016 Juan se encontraba en su vivienda en una colonia de Soyapango cuando unos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron hasta ahí.

Los policías le informaron que el carro sería incautado, debido a que presentaba denuncias activas de estafa, pues su anterior dueño – José Isaías Vásquez- había adquirido ese automotor con un cheque que no tenía fondos.

Juan decidió interponer una denuncia de robo  en la sección de robo y hurto de vehículos del departamento de Investigaciones de la PNC  de la delegación central de San Salvador el 12 de julio. En ese sitio reconoció a través de fotografías al supuesto estudiantes de la UES, quien en realidad se llama Walter José Ascencio.

Además, la víctima también reconoció a Wendy Carolina Ramírez como la persona que el 11 de julio de 2015 había acompañado al imputado para realizar la venta.

Tras el desfile de la prueba presentada por la Fiscalía General de la República (FGR), el Tribunal 4° de Sentencia decidió imponerle al imputado una pena de tres años de prisión y como responsabilidad civil el pago de $6,000.