“Yo me declaro totalmente inocente de lo que me están acusando”, comentó Rafael Antonio Ramírez, quien a sus 20 años tuvo que pasar encerrado durante un año por un asesinato que no cometió.

El haber presentado detalladamente su horario de trabajo, el contrato laboral y el número total de lo que produjo ese 13 de octubre de 2016 liberó de las rejas del penal La Esperanza, en Mariona.

El joven de tez morena y de complexión bastante delgada fue detenido la noche del 14 de octubre, cuando retornaba a su casa, luego de trabajar en la empresa de etiquetas y viñetas SML, donde se desempeña como operador de una maquinaria industrial, cuando fue detenido por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

El delito del que se le acusó fue el de homicidio agravado y tentado cometido por unos pandilleros de la MS contra tres policías Marcos Antonio Carranza y dos con régimen de protección clave “Luis, “Ramón”, cuando éstos circulaban sobre la calle antigua al Guaje, en San Marcos, al sur de San Salvador.

Carranza murió a consecuencia de las heridas causadas por las balas, mientras que “Ramón” resultó con una lesión en la espalda.

Al momento en que circulaban frente a una caseta de despacho del punto de buses de la ruta 11, que hace su recorrido desde San Marcos hasta Metrosur, el agente Carranza -quien era el conductor- detuvo la marcha del vehículo, debido a que el motorista de un bus obstaculizó la calle al hacer maniobras en un estacionamiento.

Al menos seis pandilleros –sostuvieron en sus declaraciones dos de los agentes víctimas en el caso- salieron corriendo de un pasaje con armas en mano, mismas que utilizaron para disparar contra los tres policías de la Unidad de Investigaciones.

El caso hizo que Ramírez compareciera, junto a un empleado de un taller y el despachador de las unidades de la ruta 11, ante la jueza del Tribunal 4° de Sentencia, quien tras escuchar durante dos días los argumentos de los abogados de la Fiscalía General de la República (FGR) y la de los cinco defensores determinó la libertad de los imputados.

La mediadora calificó el reconocimiento en rueda de reos hecha por los dos agentes víctimas como una “apreciación errónea”, debido a los rasgos comunes que describieron.

A favor del joven, que cumplió 21 años de edad dentro de la prisión, se tomó en cuenta que la producción entregada a su jefatura de la empresa situada en Santa Tecla, La Libertad, a las 10:00 de la mañana –hora del ataque- fue de 11 mil viñetas.  

“Rafael Antonio presentó la documentación necesaria por parte de la empresa, además de otras pruebas válidas y que han sido tomadas en cuenta en su proceso”, dijo la jueza, minutos después explicó que dejaba absuelto al joven de toda responsabilidad penal referente al ataque armado.

La misma suerte corrió el despachador de buses y el trabajador del taller ubicado cerca de la zona donde ocurrió la balacera aquella mañana.