El enfurecimiento y la irritación generada tras una discusión hicieron que Roberto Martínez, de 33 años de edad, tomara la decisión de lanzar rocas contra la puerta de la vivienda de una pareja de vecinos, quienes residen en la colonia Atlacatl. Esa iracunda acción le valió un litigio legal que los ha tenido por varios meses en los tribunales. 

Todo empezó la pasada noche del 14 de enero de 2018. Las piedras comenzaron a caer en la puerta y tras ello también llegaron los insultos. Guadalupe S., de 23 años, y Henry G., de 21, -este último se desplaza sobre una silla de ruedas por tener una discapacidad- se resguardaban en la casa, mientras eran insultados por Martínez, quien los amenazó con golpearlos y que “aparecerían hechos pedazos”.

Sin bastarle con gritar que bajaría a golpes de la silla de rueda a Henry, Martínez cortó el alambre del servicio de televisión por cable que se encontraba instalado desde las afueras del hogar de las víctimas, quienes se dedican al comercio de productos. 

La disputa no pasó a más ese día, pero al ver la puerta dañada y por temor al vecino, los dos afectados decidieron interponen una denuncia en contra del agresor, a través de la Unidad de Emergencias del 911 de la Policía Nacional Civil (PNC). Posteriormente, la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó del delito de amenazas agravadas.

El caso llegó al Juzgado 8° de Paz, luego de que Martínez fuera detenido, pero fue el Juzgado 8° de Instrucción el que le brindó medidas cautelares sustitutivas a la detención, por lo que el hombre debía llegar semanalmente a firmar a esa instancia, no debía acercarse a las víctimas y no debía salir del país.

Tras desarrollarse la audiencia preliminar, el juez autorizó el pasado 17 de mayo de este año un acuerdo conciliatorio, en donde definieron que Martínez debía reparar la puerta de Guadalupe y Henry por estar dañada por las piedras lanzadas. Si este la reparaba el proceso ya no iba a continuar. 

Sin embargo, un mes y ocho días después, la fiscal a cargo del caso informó al juzgado que el imputado había incumplido la conciliación emitida, por lo que al verificar a través de un Juzgado de Vigilancia Penitenciaria que la puerta continuaba dañada se indicó la reapertura del proceso.

Bajo una audiencia especial celebrada el pasado 25 de junio, se determinó que el imputado debía de ir a juicio el 6 de julio de 2018 por las amenazas hechas aquella noche de enero. El caso pasó a manos del Tribunal 6° de Sentencia.

Ahí, una segunda conciliación volvió a surgir. Esta vez, el imputado deberá cancelar un total de $80 –dividida en cuatro cuotas- a los afectados y este acuerdo vencerá el próximo 7 de noviembre, fecha en la que deberá ser saldada la cuota de responsabilidad civil.

De no ser cancelado lo acordado, entonces Martínez volvería a ser procesado y con ello el sistema judicial tendría un gasto más por el desarrollo de una nueva audiencia en su contra.