Al menos 30 directores de hospitales de la red pública censuraron la actitud de los sindicalistas que han bloqueado los servicios de salud de manera ilegal, ya que "con esta acción se violenta el derecho humano a la salud, impidiendo con ello la atención de los pacientes, así como el desarrollo de gestiones administrativas".

Los médicos proponen a los organismos competentes "que se impulse una reforma fiscal integral y progresiva, que incluya el principio básico de justicia tributaria y que fortalezca los mecanismos de transparencia y control fiscal".

Al mismo tiempo atribuyen la crisis financiera del gobierno "al endeudamiento heredado desde hace más de tres décadas, a la impunidad de los grandes evasores y elusores fiscales y a las múltiples sentencias de inconstitucionalidad, las cuales han bloqueado sistemáticamente los diversos mecanismos que el gobierno ha intentado implementar para la obtención de fondos, lo que ha provocado la asfixia económica".

Por otra parte, los profesionales piden a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que cese las sentencias de inconstitucionalidad, específicamente las que bloquean la recaudación de los tributos que deben percibir el Estado para garantizar la no afectación de los trabajadores de la salud.

Los médicos reafirmaron que es urgente revisar el diseño del escalafón y su aplicación para garantizar que este sea sostenible.

Cientos de pacientes se vieron afectados ante el paro de labores realizado en 18 hospitales del país, entre ellos Ciudad Barrios, Santa Ana, Sonsonate, Jiquilisco, San Bartolo, Nueva Guadalupe, Ahuachapán, Usulután, San Vicente, San Miguel, Cojutepeque, Zacatecoluca y La Unión.