El 29 de noviembre de 2008, Evelyn Roxana Marenco de Asís, llegó al hospital Profamilia de esta capital para realizarse una cesárea.

Su segundo hijo estaba en camino y ya había acordado con el mismo médico que atendió el parto anterior que la asistiría nuevamente.

El médico especialista en Ginecología se llama Edgardo Alejandro Gutiérrez, de 51 años, y fue contactado a través de la aseguradora a la que estaba adscrita Evelyn. Estaba nerviosa, pero la ilusión de ver a su nuevo bebé la tenía emocionada.

Luego de la cesárea, aparentemente, todo estaba bien. Le entregaron a su hijo y comenzó la etapa de recuperación. Sin embargo, una vez que ya estaba cicatrizada la herida comenzaron las molestias en su vientre.

La mujer recuerda fuertes dolores de estómago y una inflamación inexplicable. Ella incluso llegó a creer que había subido de peso y se ponía estrictas dietas, pero su estómago nunca disminuía.

Pasaron cinco años y los síntomas solo empeoraban. Hasta que decidió atenderse. Fue un médico gastroenterólogo, quien la evaluó y le hizo los exámenes respectivos.

El especialista le dijo que era tumor el que tenía alojado en el estómago y había que sacarlo de inmediato.

Fue hasta el 6 de diciembre de 2013 que por fin la operaron. Volvieron a abrir su vientre y sacaron el tumor. el que enviaron a patología para examinarlo y ver si representaba algún peligro.

Sin embargo, el diagnóstico los dejó a todos sorprendidos. El examen arrojó que en realidad no era un tumor, sino un cuerpo extraño.

Al revisarlo, identificaron que era una gasa quirúrgica de 18x18 centímetros. Y la última intervención que tuvo la mujer fue la cesárea que le realizó el doctor Gutiérrez. Por esa razón, la víctima acusó al especialista por el delito de lesiones muy graves.

El caso fue ventilado en el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador que encontró al médico culpable por el delito. Y aunque esta pena puede recibir condenas de entre uno y cuatro años de prisión, y aunque la Fiscalía pedía dos años, al médico solo se le condenó a uno.

Sin embargo, por ser la pena menor a tres años, es excarcelable, por lo que le impusieron servicio comunitario. Además, durante este año no podrá ejercer la profesión.

En cuanto a la responsabilidad, la víctima estaba pidiendo $15,000 pero debido a que no presentó los comprobantes respectivos se declaró en abstracto, para que después pueda ser establecida la cantidad, según los comprobantes que la mujer presente.