El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, manifestó durante una conferencia de prensa realizada en el Cuartel Central que "personas" radicadas en El Salvador estarían financiando a grupos de exterminio que operan en la zona oriental del país.

El director de la Policía no descartó que los financistas sean en su totalidad de origen salvadoreño. Dichas declaraciones concuerdan con las brindadas el miércoles anterior por el jefe de la Unidad de Crimen Organizado de la Fiscalía General de la República, Walter Ruiz, quien expresó que personas radicadas en norteamérica, a través del envío de remesas, estarían sosteniendo económicamente las operaciones de estos grupos.

Cotto sostuvo que investigan a un personaje identificado como William Edgardo Marroquín, quien supuestamente está radicado en México, por considerarlo el enlace entre los financistas y los grupos de exterminio. 

Las autoridades tienen información que les indica que Marroquín forma parte; además, de un grupo de traficantes de personas hacia Estados Unidos.

El director de la PNC detalló que estos grupos de exterminio eran contratados para hacer una "limpieza social" en San Miguel, cuyas víctimas serían principalmente pandilleros.

Sin embargo, sostuvo que de los 19 asesinatos cometidos entre marzo y junio de 2016, hay seis personas que fueron asesinadas por estos grupos, pero que no tenían nada que ver con maras.

Entre los implicados por realizar los homicidios están Balmore Hernández Portillo y José Alberto Ramírez, quien se presume era el líder.

Además, explicaron que los policías y soldados trabajaban en conjunto porque eran personas conocidas entre si en la zona oriental y que posiblemente existía una relación de camaradería.

Las declaraciones se realizaron en el marco de la operación denominada "Estrechura", donde elementos de la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO) junto a la Fiscalía desarticularon una estructura criminal de exterminio que operaban en San Miguel, Usulután y La Unión.

En dicha operación, se detuvo a 29 personas de las cuales nueve son elementos de la Fuerza Armada, dos ex soldados, tres miembros de la PNC y nueve particulares y hubo 6 intimaciones en penales.