Meses después de haber dado a luz, los remordimientos no dejaban dormir a esta chica costarricense. 

Pensaba en que solo hubiera bastado decirle a su madre la verdad desde un inicio para haber evitado todo, pero ya era demasiado tarde. Había dejado a su hija con una pareja en El Salvador y eso la perseguiría por siempre.

Quedó embarazada a inicios de 2016 y aunque ella y su novio intentaron abortar en varias ocasiones, no lo lograron. Ambos decidieron ocultarle a la familia el embarazo y poner al bebé en adopción. Ingresaron sus datos en un foro de adopciones en internet y se sentaron a esperar.

Al poco tiempo una pareja los contactó desde El Salvador. Conversó en varias ocasiones con ellos y le dijeron que ellos habían intentado tener un hijo, pero que no lo habían logrado. Le ofrecieron dinero, pero la chica no aceptó. Ella solo quería un mejor futuro para su hijo, por lo que aceptó dárselo a esta pareja.

La salvadoreña se identificó como Claudia Esperanza Garza Alvarenga, una asesora de Cancillería de la República, y su esposo como Nils-Sjard Schulz, un ciudadano alemán que trabaja en El Salvador como asesor. Esto le dio confianza a la costarricense. Era la pareja candidata más idónea.

El tiempo corría y la futura mamá se enfermó de las vías urinarias, una que de ser tratada en un hospital de Costa Rica delataría su estado, pues nunca había tenido un control prenatal. La pareja le propuso que vinieran a El Salvador a tratarse acá y que ellos le darían todo, hasta trajeron al novio. Ella aceptó.

La costarricense vivía con su mamá, por lo que para continuar ocultando el embarazo y que no sospechara, la pareja desde El Salvador le envió unos papeles simulando que vendría a una pasantía y así viajó al país en julio de 2016.A ella y a su novio les montaron un apartamento, le dieron control al bebé, le trataron la infección en las vías urinarias y le pagaron un tratamiento para que el menor –que nacería prematuro- terminara de formarse. Así pasó el tiempo. Finalmente, el 21 de agosto de 2016 inició el trabajo de parto.

El delito

Cuando la mujer entró el labor de parto, Schulz la llevó a un hospital privado capitalino, pero al identificar a la paciente dio el nombre de su esposa. Así, identificaron a la costarricense como Claudia Esperanza Garza Alvarenga y es así como el registro del parto y de plantares de asentamiento se ejecuta de forma ilegal.

La bebé nació y por ser prematura quedó ingresada. La madre salió del hospital y nunca más volvió a ver a la niña. Los días restantes, mientras la bebé estuvo ingresada, era Schulz el que la visitaba, le llevaba de comer y la cuidaba.

La costarricense se quedó un par de días más, pero su vuelo estaba listo y coincidía con el tiempo que le había dicho a su madre que le tomaría la pasantía. Dejó El Salvador junto a su novio, esperando pasar la página y olvidar este duro episodio.

La menor se quedó acá y una vez le dieron el alta, salió con todos los documentos a nombre de la madre que la habría adoptado, de manera ilegal. Al momento de asentarla, sus apellidos coincidían con el de los padres sustitudos, configurándose ahí el delito.

El arrepentimiento

Cuando regresó a su país natal, los remordimientos no la dejaron tranquila. Al poco tiempo, su madre también comenzó a notar que algo le pasaba a su hija. Fue así que la chica terminó por confesarle todo lo que había pasado.

La abuela de la menor, de inmediato, denunció el hecho en Costa Rica y se inició la investigación del sitio web y de las personas que habían recibido a su hija en El Salvador.

La abuela denunció que su hija habría viajado a El Salvador en julio del 2016 y que había dado a luz a una niña a quienes los ahora imputados le habrían falsificado documentación para hacer parecer que era su hija legitima.

Finalmente, el 30 de enero de 2017 inició la investigación en El Salvador bajo el cargo de la Unidad Especializada de Delitos de Tráfico Ilegal y Trata de Personas y hasta dar con el paradero de Schulz y Garza.

La menor –quien tiene apenas nueve meses de nacida-  fue retenida por las autoridades y llevada al Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA) y ellos ante los tribunales correspondientes.

La pareja está siendo acusada por los delitos de suplantación y alteración del estado familiar y falsedad ideológica. Esto significa que de ser encontrados culpables podrían enfrentar una pena mínima de cinco años y una máxima de 10 años de prisión por ambos delitos.