La Corte Suprema de Justicia (CSJ) recibió una demanda para que se remueva de su cargo como presidente del Tribunal de Servicio Civil (TSC) a Noel Antonio Orellana Orellana, quien según el escrito es señalado de cometer varias irregularidades como apropiarse de recursos del Estado y manipular a conveniencia su cargo en la Asamblea Legislativa. En las demandas interpuestas el funcionario alega haber actuado conforme a la ley y a las atribuciones que le otorga su cargo.

Orellana Orellana habría autorizado una serie de irregularidades detectadas en las finanzas del TSC, en los que se registran compras en supermercado por montos superiores a los $56,000. Además se le señala de haber manipulado al menos dos sentencias, una de ellas en la que cambió su decisión para -según el documento- garantizar su quinta reelección ante los diputados.

Orellana ha expresado por escrito que las irregularidades detectadas las ha arreglado al más alto nivel de las instituciones que lo tiene bajo investigación como la Fiscalía General de la República (FGR) y la Corte de Cuentas de la República.

La parte demandante, en un documento en poder de El Salvador Times, remarca que Orellana presume de sus influencias en diferentes instituciones y que esto le habría valido para permanecer en el cargo por más de 15 años.

En 2014 un juez de San Miguel promovió la destitución de José Herminio Garay Perdomo, un empleado del centro judicial de San Miguel debido a que se ausentó de su trabajo alegando asuntos sindicales. Según lo expuesto, en un primer momento el TSC habría procedido con la remoción de Garay Perdomo, quien se desempeñaba como motorista, pero nueve meses después se modificó la decisión.

En este caso a Orellana se le señala de haber escondido el expediente por nueve meses y que no dejó se notificara a las partes sobre la primera sentencia; posteriormente  apareció una sentencia revirtiendo la destitución.

Otro caso que se pide se estudie es el de una secretaria de la Corte de Cuentas identificada como Hilda Eugenia Flores Comandari, que fue removida sin mayores explicaciones de su cargo, algo que consideró era una sanción disfrazada desde la presidencia de ese entonces.

En un primer momento el TSC aceptó  la demanda de Comandari contra Joel Humberto Valiente, a quien le ordenó restablecer en su cargo a la secretaria, pero tres días después Orellana emitió una sentencia con una decisión contraria.

Ante esto Comandari acudió a la FGR para presentar una denuncia contra Orellana por el delito de prevaricato. Fuentes cercanas al titular del TSC aseguran que este se ha mofado del caso y manifiesta haber arreglado el asunto en sede del Ministerio Público.

Dietas sin evidencia y vales por $56,000

Hallazgos de los auditores incluidos en la demanda señalan que Orellana se recetaría dietas sin evidencia, además de que no hay cuentas claras en el gasto del combustible.

 Además de no haber presentado la declaración de probidad desde que asumió en el cargo (2001) y que tiene que abandonar en 2018, salvo que vuelva a ser elegido por la Asamblea Legislativa para un nuevo periodo.

Asimismo se detectaron 41 vales de supermercado por un monto de $56,070 que la administración ha intentado justificar asegurando que fueron repartidos entre los empleados de la institución, aunque no hay registro de tal beneficio.

En la solicitud presentada a la CSJ también se pide la recusación (que sea excusado de conocer la acusación) del magistrado presidente, Armando Pineda Navas, ya que este tiene un lazo de amistad con Orellana que podría influir en la decisión.

Las respuestas de Orellana

En la documentación expuesta a este periódico se tienen evidencias de las respuestas por escrito que ha enviado el presidente del TSC, quien asegura haber actuado conforme a la ley en el caso de las sentencias revertidas. Orellana argumenta que él es el único funcionario que puede cambiar su decisión y modificar con ello una sentencia.

En tanto a la falta de una declaración de probidad, manifiesta que la ley no lo obliga a presentar esta declaratoria debido a la naturaleza de los fondos que maneja.

En relación a los vales entregados a los empleados, Orellana justificó que esta acción fue respaldada por la Corte de Cuentas en 2015, que recibió un escrito del titular de la institución para realizar este estímulo a los empleados del Tribunal.

Esta no es la primera vez que Orellana es señalado de cometer abusos en el ejercicio de su cargo, en 2011 recibió señalamientos por supuestamente haber favorecido a 24 empleados desde su posición.

Actualmente Orellana Orellana es asesor de la comisión de hacienda de la Asamblea Legislativa.