La mañana del 22 de octubre de 2015, Raymunda Lobato se presentó a la Dirección General de Migración y Extranjería con el fin de poder obtener una extensión de los pasaportes de sus dos sobrinos, quienes residen junto a ella desde que el padre de estos, Mauricio Urbina, migrara hacia Estados Unidos desde el 2012 y la madre, María Lobato, partiera un año después.

Según el expediente judicial que se abrió por este caso, en la documentación se encontraba un acta notarial, misma que había sido extendida el 14 de octubre de 2015, en Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, ante los oficios de la abogada y notaria Delmy M. y estaba suscrita a favor de los padres de los menores de edad.

La tía materna mintió a las autoridades de Migración al manifestarles que los padres de los niños se encontraban trabajando en San Miguel y por esa razón no podían hacer ese trámite.

Las investigaciones iniciaron. Los empleados de la institución constataron que María no presentaba ninguna salida del país, pero que su pasaporte había sido obtenido en abril de 2015, en el consulado de Nueva Jersey, en Estados Unidos; mientras que el pasaporte de Mauricio había sido expedido por el consulado de Chicago, Illinois. Además, la última salida de este había sido en mayo de 2012 y no presentó un nuevo ingreso a El Salvador.

Ante esto, el 15 de julio de 2016 la Sección de Investigación Profesional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) consideró procedente iniciar una investigación por la conducta profesional de la abogada por supuesta falsedad, es decir, que se podría abrir un procedimiento disciplinario en su contra tras comprobarse los hechos de los que se le acusa, según expone el expediente judicial. 

En ese momento, Delmy manifestó que a fin de montar un acta notarial hizo uso de una hoja en blanco que le habían dejado firmada los padres de los niños.

Por ello, la profesional presentó un escrito el 28 de julio de 2016, en donde expuso que no cometió la infracción de falsedad, debido a que los papás de los menores sí firmaron en su presencia de puño y letra en el año 2012, cuando era asistente no letrada.

La mujer aseguró que los progenitores de los infantes fueron amenazados por miembros de estructuras criminales, por lo que antes de irse hacia Norteamérica dejaron firmada la hoja en su presencia, pues eran vecinos, sabían que estaba estudiando la licenciatura en Ciencias Jurídicas y que laboraba en ese campo.

La confianza era tan grande –según Delmy- que decidieron estampar sus firmas en la hoja, debido a que podía servir por cualquier trámite que se necesitara en un futuro a beneficio de los niños. Posteriormente, los padres le solicitaron el documento notariado para realizar el trámite.

Los movimientos migratorios de los padres

De acuerdo a los registros, los padres de los menores de edad ejecutaron una serie de movimientos migratorios.

María Lobato, la progenitora, salió del país el 6 de abril de 2013; mientras que su pareja, Mauricio Urbina, salió el 20 de julio de 2012 y no tiene registro de haber ingresado al país. Actualmente, ambos están separados. Él reside en Indiana y ella continúa en el estado de Nueva Jersey.

Estos registros fueron los que levantaron las sospechas en contra de la abogada y por ello fue investigada, además fue enviada a un juicio penal en el Tribunal 3° de Sentencia, luego de que el Juzgado 2° de Instrucción del Centro Judicial Integrado de Soyapango ordenara la apertura del mismo.

La Fiscalía General de la República (FGR) la acusó del delito de falsedad ideológica agravada en perjuicio de la fe pública.

El juez a cargo del proceso emitió un fallo de absolución penal y civil, por lo que la abogada quedó libre de los cargos que se le imputaron.

No obstante, la FGR apeló ante la Sala de lo Penal la sentencia emitida debido a que considera que tienen los elementos suficientes para comprar que el acta notarial de fecha 14 de octubre de 2015 es falsa. Por ahora, se esperará la resolución judicial ante este procedimiento.