El salvadoreño Napoleón Eduardo Castro fue capturado el 13 de enero anterior en la colonia Navarra de San Vicente. El procedimiento se dio porque es requerido por un juez de California, Estados Unidos, donde se le acusa de haber torturado y asesinado a su esposa.

El procedimiento para dar con la captura de Castro, de 42 años, contó con la participación del Centro Antipandillas Transnacional (CAT) de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Castro, quien utilizaba hasta cinco alias en El Salvador para huir de las autoridades, tiene una orden de extradición que está pendiente de cumplirse.

Sin embargo, la lucha de sus defensores en El Salvador pasa por garantizar que sobre el hombre no recaigan las penas mayores que puede imponer un tribunal por los delitos que se le imputan: la pena de muerte ni la cadena perpetua.

Luego de haber conocido la condena de cadena perpetua en el caso de extradición de Francisco René Melgar Cabrera, otro salvadoreño que fue enviado a Estados Unidos por ser reclamado por una Corte de Nuevo México por homicidio y robo, dos abogados defensores de Castro están apelando legalmente porque se le aplique las penas legales acordes a las leyes del país de donde es originario, es decir, de El Salvador.

“Es por el antecedente de Francisco que nosotros estamos oponiéndonos a que extraditen a Napoleón Castro, porque las penas a imponerse son pena de muerte y cadena perpetua y nuestra Constitución las prohíbe”, explicó German Nieto, uno de los abogados representantes del imputado.

El caso que se le imputa

Castro es requerido por el Tribunal Superior del Estado de California, del condado de Los Ángeles, en Estados Unidos. Es acusado de asesinar a su esposa, Olga Jackeline Martínez, quien era descendiente de padres salvadoreños y se le imputan los delitos de homicidio en primer grado y tortura, mismos que en Estados Unidos pueden ser penados con pena de muerte y cadena perpetua.

De acuerdo a las investigaciones hechas por las autoridades estadounidenses, Castro habría asesinado con un arma blanca a su expareja, con quien procreó a dos hijos; el crimen ocurrió el 1° de mayo de 2010, a eso de las 6:30 de la mañana, en la cochera de un complejo de condominios situado en la ciudad de Pacoima, en Los Ángeles.

Lo que pretenden los abogados es que al momento de ser juzgado, y en caso de ser encontrado culpable, a Castro no se le apliquen penas mayores a las que se le aplicarían en El Salvador, esto apelando a un principio jurídico conocido como principio de reciprocidad.

“Queremos que el Tribunal (de California) garantice que no aplicará la pena de muerte ni que sea condenado a una cadena perpetua o a una pena que supere los 60 años, debido a que la legislación salvadoreña lo prohíbe”, comentó Rafael Córdova, el otro defensor de Castro.

Córdova indicó que su solicitud se basa en el artículo 28 de la Constitución de El Salvador, que establece el principio de reciprocidad: “Los derechos y garantías reconocidas en la ley salvadoreña deben ser respetadas por el Gobierno que solicita la extradicción”, reza ese extracto.

El Juzgado 2° de Paz de San Salvador fue el encargado de recibir los documentos para responder la solicitud de extradición y el que conocerá el proceso antes de que este sea enviado a Estados Unidos.

De acuerdo a la legislación salvadoreña, la petición de extradición tendrá que ser conocida y resuelta por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). 

El ejemplo que no fue garante de vida

Los abogados defensores de Castro indicaron que en el caso de Francisco René Melgar Cabrera no hubo una garantía que velara por el respeto de su vida, luego de que la CSJ diera paso a su extradición el 25 de marzo de 2014.

Melgar Cabrera fue acusado por el asesinato de Stephanie Anderson, una empleada del restaurante Denny´s, y por robar en el mismo negocio. Los hechos se registraron el 20 de junio de 2009 en Albulquerque, Nuevo México. También lo acusan del robo al gerente de otro restaurante situado en el mismo lugar.

La Corte Federal estadounidense encontró al salvadoreño, de 32 años y miembro de pandillas, culpable por los delitos de homicidio doloso y robo a mano armada, por lo que la sentencia dictada en su contra fue de cadena perpetua.