Una llamada a la unidad de emergencias del 911 de la Policía Nacional Civil (PNC) alertó que en una calle de la lotificación Bola de Monte, en Ciudad Delgado, se habían concentrado un grupo de pandilleros.

Era el 3 de abril de 2017 y tras la llamada, agentes policiales de una de las delegaciones de la zona se trasladaron hacia el sitio antes mencionado, donde solo encontraron a dos agricultores, pero por la alerta anónima recibida se dispusieron a detenerlos pese a que eran personas conocidas en la zona por ser trabajadores del campo.

Lo que inicialmente era un procedimiento de revisión y retención de los sospechosos, cambió cuando uno de los hombres se opuso a la autoridad.

“Yo no tengo miedo de usar mi corvo contra un policía”, fueron la palabras dichas por Atilio Palacios, un hombre de 37 años, originario de Tonacatepeque y quien desde hace años se dedica a la agricultura de rábano, mora, chipilín y cilantro.

Tras un forcejeo, los policías lograron detener a Palacios y a Orlando Marroquín, bajo los delitos de resistencia y amenazas con agravación especial.

Caso fue archivado pero imputado tendrá que pagar

En un primer momento, el proceso sería desarrollado por personas que compondrían un jurado amparado por el Tribunal 2° de Sentencia de San Salvador, pero debido a que no ha sido aprobado el presupuesto  de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) –según lo comentó el juez en la audiencia de vista pública- no se pudo organizar a los que serían los miembros del mismo, pues se les debe cancelar a cada uno poco más de $2.00.

Ante esto, el juzgador decidió realizar la suspensión condicional del procedimiento, es decir que el caso pasó a archivarse pero aún continúa abierto, por lo que los implicados deberán cumplir por un año las medidas implementadas en la audiencia. En caso que cumplan con las medidas, el caso quedará cerrado.

En el caso de Marroquín, solo es procesado por el delito de resistencia a la detención; mientras que Palacios por ese mismo delito, pero también por las amenazas hechas a los agentes con su corvo.

Por ello, el juez indicó que debía cancelar una cuota como responsabilidad civil. Dentro de dos meses, los dos policías agredidos y quienes se declararon ofendidos recibirán 25 dólares cada uno.

Ahora, Palacios deberá cancelar un total de 50 dólares, pese a que fue claro en decir que ya conocía a los agentes y estos lo conocían a él y que sus ingresos no son constantes ni estables debido al tipo de siembra a la que se dedica.

“Cuando puedo yo siembro cilantro, aparte de rábanos, mora y chipilín, por eso no cuento con ganancias estables”, dijo el hombre con notoria piel maltratada por el sol mientras intentaba convencer al juez de su situación económica.  

Palacios deberá presentarse a firmar cada 15 días al tribunal, no podrá cambiar de domicilio y tampoco podrá salir del país mientras dure el procedimiento en su contra.