Condenan a 720 años de cárcel a expolicía que asesinó a la agente Carla Ayala por ejecuciones extrajudiciales
Además de Juan José Arévalo Castillo, de indicativo policial "Samurái", otros tres expolicías que integraban la estructura criminal también fueron condenados.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a un expolicía del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP) de la Policía Nacional Civil (PNC) por ejecuciones extrajudiciales cometidas entre los años 2015 y 2017 en los departamentos de San Miguel y Usulután.
El condenado es Juan José Castillo Arévalo, quien tenía el indicativo "Samurái" dentro del GRP y fue declarado culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados (correspondientes a ejecuciones extrajudiciales), además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Castillo Arévalo, "Samurái", también fue condenado en junio de 2024 a 50 años de cárcel por el asesinato de la agente policial Carla Ayala, cometido el 28 de diciembre de 2017, durante una fiesta de fin de año del GRP, uno de los grupos especializados la PNC. El expolicía también fue condenado en marzo de 2024 a 60 años de prisión por dos homicidios en Usulután relacionados a ejecuciones extrajudiciales.
Las condenas de cárcel que ha recibido Castillo Arévalo han sido en su ausencia, ya que el expolicía se encuentra prófugo de la justicia desde los acontecimientos de 2017 con el crimen de la agente Carla Ayala.
En el presente caso, sobre los 18 homicidios agravados y otros delitos, junto a Castillo Arévalo también fueron condenados los exagentes de la PNC José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años, quienes también se encuentran prófugos.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017, detalló la oficina de prensa de los Centros Judiciales.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
