Este 5 de enero de 2019  marca el final de la administración de Douglas Arquímedes Meléndez al frente de la Fiscalía General de la República (FGR) que en los últimos tres años ha sido una institución alabada por unos y cuestionada por otros.

Meléndez fue elegido como tal por el aval de 83 votos a favor y una abstención de parte de los diputados de la Asamblea Legislativa, por lo que fue juramentado por Lorena Peña, quien fungía como presidenta de esa institución en ese momento.

El sucesor de Luis Martínez inició sus labores el 5 de enero de 2016, fecha en la que anunció un plan de restructuración para la institución en la que ya había trabajado entre los años 1990 y 2006.

El primer fiscal en procesar a dos expresidentes

Durante el periodo de trabajo, Meléndez vio varios casos a favor y otros en contra de la institución. Uno de los procesos que señaló y podría ser la base “del gane” es la condena del expresidente de la República, Antonio Saca.

Saca se convirtió en el primer expresidente de El Salvador en tiempos de democracia en ser condenado por corrupción, algo que fue calificado por el fiscal como un hecho histórico. No obstante recibió criticas por el número de años solicitados para Saca.

Luego de que llegara a un acuerdo sobre el beneficio de un procedimiento abreviado, el exmandatario fue sentenciado a 10 años de prisión por el desvío y lavado de más de $300 millones de fondos estatales, según anunció el Tribunal 2° de Sentencia de San Salvador.

En una decisión unánime, Saca fue sentenciado a cinco años de cárcel por peculado y otros cinco años por lavado de dinero, y le ordenó pagar $260 millones.

“Saqueo público”, así lo denominó la FGR el caso judicial levantado en contra de un segundo expresidente de la República, Mauricio Funes, quien junto a otras 31 personas ha sido señalado de estar involucrado en los delitos de peculado, lavado de dinero y de activos y casos especiales de lavado de dinero  en perjuicio del orden socioeconómico.

Según la investigación de las autoridades, el exmandatario, junto con sus excolaboradores más cercanos de Casa Presidencial,  supuestamente utilizaron diversos mecanismos para programar en el presupuesto de la presidencia la cantidad de 351 millones de dólares, equivalentes al 52% de los fondos asignados a dicho ente para ser ejecutados como gastos reservados. Así podrían hacer pagos al proveedor ficticio “Gastos Operativos de la Presidencia de la República” y que posteriormente trasladaban fondos  por medio de cheques a cuentas particulares de los imputados Francisco Rodríguez, exjefe de la Unidad Financiera de la Presidencia desde 1994, y Pablo Gómez, contador del secretario privado de la presidencia desde la gestión Saca.

Supuestamente dispusieron  el dinero de manera arbitraria en beneficio propio y de terceros mediante la emisión de cheques a favor de personas naturales y jurídicas, incluyendo funcionarios públicos, traslado entre cuentas y transferencia de fondos así como pagos en efectivo destinados  a compra de bienes y servicios sin relación a finalidades públicas, según la fiscalía.

Además, el  28 de noviembre de 2017, Vanda Pignato también fue librada de los cargos por enriquecimiento ilícito, los cuales eran parte del proceso civil contra de Funes, quien de los $1.2 millones imputados solamente tendrá que regresar $419 mil, una decisión que no está en firme debido a que el asilado político anunció que apelará.

Otro veredicto a favor fiscal fue el del exalcalde de Apopa, Elías Hernández, que fue condenado a 12 años de prisión por el delito de agrupaciones ilícitas, debido a que el ministerio público logró probar que entregó beneficios a pandilleros del barrio 18 durante su gestión.

Las múltiples derrotas que acumuló

Otro proceso que destacó en el periodo ejercido por Meléndez fue el del expresentador de televisión y locutor de radio, Max González, Ernesto Regalado O'Sullivan y otros dos sujetos que fueron culpados de pagar para tener sexo con menores de edad.

Sin embargo, en este proceso de acusación no hubo éxito a favor de la FGR, debido a que no pudo tener el veredicto condenatorio. El Tribunal 5° de Sentencia de San Salvador los dejó en libertad tras no encontrar pruebas que los señalaran responsables de los cargos.

Por otro lado, en junio de 2018 el juez del Tribunal 5° de Sentencia de San Salvador absolvió de toda responsabilidad a Daniel Avilés Alemán, el joven que fue acusado por la Fiscalía del delito de extorsión, hecho cometido el 4 de enero de 2017.

Un equipo de fiscales auxiliares salió derrotado en el proceso que enfrentaba José Misael Cisneros, alias “Medio Millón”, su hermana Sandra Guadalupe Cisneros Rodríguez y su cuñado, Rafael Eduardo Ardón Romero, a quienes se les atribuyó el delito de lavado de dinero.

Para el tribunal Sexto de Sentencia, los $41 millones en poder de la familia de Cisneros provenían de un exitoso negocio de telefonía y no tiene relación con estructuras criminales, tal como lo aseguró la Fiscalía.

El caso de la finca San Blas fue un proceso más perdido en su momento. Cinco elementos del Grupo de Reacción Policial (GRP) fueron acusados de ejecutar a pandilleros y civiles en ese sitio ubicado en San José Villanueva, La Libertad, en marzo de 2015.

El 23 de septiembre del 2017, el juez del Tribunal de Sentencia de Santa Tecla absolvió a los cinco policías, quienes fueron acusados por el asesinato de Alexander Hernández Martínez, de 20 años de edad, quien residía en dicho lugar

.Los casos que deja pendientes

En un primer momento, el caso “Tregua entre pandillas” fue también un fallo sin beneficio fiscal. En agosto de 2017 quedaron en libertad el exdirector de Centros Penales, Nelson Rauda, el exdiputado efemelenista Raúl Mijango y 18 imputados más.

A finales de 2017, el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla, en La Libertad, absolvió a cinco acusados de provocar un ciberataque a La Prensa Gráfica, por los delitos de violación a derechos de autor, violación a distintivos comerciales y derechos conexos en perjuicio de Dutriz Hermanos S.A de C.V, falsedad material en perjuicio de la fe pública y agrupaciones ilícitas.

En la resolución, los tres jueces señalaron que en el delito de violación de derechos de autor, el peritaje de escala comercial y uno elaborado por el Centro Nacional de Registros (CNR) no podía establecer que la página web laprensagrafica.com había sido utilizada para lucrarse o para perjudicar económicamente a un tercero.

Siete meses después de que el Juzgado Especializado de Sentencia “A” de San Salvador absolviera a los imputados, la Cámara Especializada de lo Penal notificó que estos debían comparecer un nuevo juicio.

Derivado del caso contra Alemán, resultó el caso de culpar a Marvin Alvaisa y Reynaldo Madrid, dos policías que fueron señalados por la FGR de fraude procesal en perjuicio de Daniel Avilés Alemán, a quien le habrían falsificado pruebas.

Ambos quedaron libres, pero los fiscales a cargo del caso apelaron la decisión absolutoria, por lo que la Cámara 1° de lo Penal anuló el fallo del Tribunal 1° de Sentencia de San Salvador. El 16 de enero, el Tribunal 2° de Sentencia estará a cargo de la instalación y desarrollo de la nueva audiencia de vista pública. Este caso queda pendiente de saber si queda a favor de las labores de la Fiscalía.

Meléndez deja el cargo pero muchos creen que seguirá pendiente de la institución debido a que se ha presentado una demanda de inconstitucionalidad contra el fiscal electo, Raúl Melara, la cual podría marcar un inicio tardío de la segunda administración al frente de la FGR; pero por ahora el caso está en manos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).