En 2004, Mario (nombre cambiado por protección) recibió una herencia económica luego de que su padre falleciera, por lo que tras ello Carlos J., un empresario originario de Santa Ana, le propuso que invirtiera ese dinero en su negocio: Consorcio Ferretera Salvadoreña (COFESAL S.A. C.V.).

Mario vio factible el trato, por lo que aceptó ejecutar la idea. En los primeros años, él recibía lo acordado, un porcentaje que el también director presidente de Inversiones Orion S.A de C.V. había pactado.

La confianza entre ambos surgió debido a que tenían enlaces cercanos, pues Carlos, ahora de 60 años de edad, era un amigo de la familia de la víctima, por lo que a este lo había visto crecer desde infante.

A medida pasó el tiempo, Mario dejó de recibir sus ganancias, por lo que este empezó a exigir al empresario que le pagara y para salir del apuro Carlos le extendió un cheque posfechado por parte de COFESAL con el dinero que le correspondía: $180,000.

El 4 de agosto de 2017 el cheque posfechado llegó a manos de Mario, pero cinco días después él tendría un sobresalto.

La sorpresa de la víctima fue cuando se acercó a una agencia bancaria y le comunicaron que la cuenta de donde correspondía el cheque se encontraba inactiva desde el 17 de enero de 2017, debido a que la misma ya no generó ninguna transacción a partir del 31 de enero de 2016, fecha en la que quedó a cero la cuenta.

Los reclamos no sirvieron de nada: “Hacé lo que querrás”, fue la respuesta que el afectado obtuvo por parte de Carlos, quien a raíz de la estafa agravada –delito calificado por la Fiscalía General de la República (FGR)- habría traspasado sus acciones a sus hijos, por lo que una de ellos lo reemplazó en el cargo que ejercía en Inversiones Orion.

Como él, se supone que hay otras víctimas más que fueron estafadas por parte de Carlos, entre ellas hasta familiares de él mismo. Las cantidades incluso son mayores que las de Mario, pero son otros procesos paralelos a este. 

El proceso judicial

Al ver la impotencia que tenía, Mario decidió recurrir a las autoridades pertinentes, por lo que el 23 de agosto de 2017 se digirió a la FGR para interponer la denuncia en contra del amigo de la familia que lo habría engañado al estafar la herencia que su padre le dejó.

Debido al caso, el proceso inició en el Juzgado 8° de Paz, situado en el Centro Judicial “Isidro Menéndez”, en San Salvador, por lo que el 28 de junio de este año se desarrolló la audiencia inicial, en donde se giró la orden de captura del imputado. Misma orden que ya había contemplado la FGR el pasado 12 de junio.

Continuando con el proceso, el Juzgado 8° de Instrucción también emitió la detención provisional, pero el imputado no ha sido capturado debido a que aparentemente presentó problemas de salud: un derrame facial.

El Salvador Times intentó localizar a Carlos J. a través de llamadas telefónicas hechas a la Inversiones Orión S.A de C.V. para poder obtener su versión de los hechos, pero no fue posible localizarlo.